El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) no rescinde contrato y dilata el pedido de la segunda tanda de insumos médicos a pro­veedor que entregó una pri­mera partida defectuosa y, que se llevó jugoso anticipo.

Nada se sabe de una segunda emisión de orden de com­pra y, es que el ministerio, de esta forma, da una mano al cuestionado proveedor, mientras arriban al país nuevas cargas de insumos médicos.

En los contratos con provee­dores se estipulan entregas fraccionadas y, en ese sen­tido, un cronograma. Hay un rosario de irregularidades, el contratista no cumple, pero según el viceministro Julio Rolón “asesoría jurí­dica tiene que dictaminar si rescinden o no el contrato”.

Las empresas ya entrega­ron una primera partida de insumos de la cantidad que se les adjudicó, previa emi­sión de orden de compra por parte de Salud.

Las empresas ya entrega­ron una primera partida de insumos de la cantidad que se les adjudicó, previa emi­sión de orden de compra por parte de Salud.

Se estableció una segunda entrega de hasta el 20% y, el saldo, en otra tanda.

Recordemos que las empre­sas Insumos Médicos SA y Eurotec SA fueron adju­dicadas con contratos en Salud por el valor total de G. 85.220 millones.

Los documentos muestran que dos órdenes de compra, una para Insumos Médicos y otra para Eurotec, fue­ron emitidas el 6 de abril, 3 días después de la firma de los contratos y, el proveedor se da por notificado el 13 de abril; es decir, 10 días des­pués de rubricarse el com­promiso.

Otra orden de compra para Eurotec emitieron al día siguiente. Todo estaba ajus­tado conforme a la llegada de las cargas de los pro­veedores que se dio con el arribo del avión el 17 de abril pasado.

Los contratos suscritos establecen que el plazo de entrega de los bienes es de 7 días corridos, luego de emitida la orden de compra (con multa del 1% diario por retraso y con posibilidad de rescindir el contrato llegado al 10%).

La firma Insumos Médicos es la que el pasado 27 de abril entregó, entre otros insu­mos, 15 camas hospitala­rias de las 50 adjudicadas que fueron rechazadas por la cartera de Salud, por no reunir las especificaciones técnicas del pliego de bases y condiciones y deficiencia documental.

Estas camas que fueron ofer­tadas a Salud a G. 4.250.000 cada una, al proveedor le salió a un precio unitario de G. 670.571, según un despa­cho de importación al que tuvo acceso La Nación.

También, otros insumos como mascarillas y tra­jes de protección fueron rechazados, tanto de Insu­mos Médicos como de Euro­tec. No cuentan con registro sanitario, trascendió en las últimas horas.

Los proveedores, de acuerdo a los contratos, tenían el plazo de un día hábil para rectificar o reemplazar los bienes rechazados. Hasta ahora no cumplen con lo establecido de reponer estos insumos a Salud, mientras suben los casos del Covid-19 y el personal no cuenta con los equipos de protección.

Las dos firmas proveedoras pertenecen a una misma familia que tiene numero­sos contratos con el Estado. Insumos Médicos es repre­sentada por Patricia Ferreira y Eurotec por su hermano Marcelo Ferreira; son hijos del empresario Justo Ferreira, quien también representa a otras empre­sas proveedoras.

Los hermanos Patricia y Marcelo, cuyas firmas fueron adjudicadas en la misma licitación y, de manera presurosa, inclu­sive fueron beneficiados con anticipos del 20%, que en principio no esta­ban previstos.

RENUNCIAS EN SALUD

Las irregularidades que van saliendo a la luz ya hicieron rodar varias cabe­zas en la institución.

Hasta el momento pre­sentaron sus renuncias la doctora Lourdes Rivaldi, quien era directora gene­ral de Vigilancia Sanitaria; y el Lic. Alcides Velázquez, director general de Admi­nistración y Finanzas.

En total suman tres los altos funcionarios que renuncia­ron en Salud. El primero en renunciar fue Pablo Lezcano, quien era director de la Uni­dad Operativa de Contratacio­nes del ministerio, cargo que interina ahora Osvaldo Brítez.

La joven de 25 años de edad, María Nathalia Samaniego Maciel, sobrina de la senadora Lilian Samaniego y del dipu­tado Arnaldo Samaniego, en cuyo depósito se observaron camas hospitalarias idénticas a las vendidas por la empresa Insumos Médicos SA a la cartera de Salud, envió una nota a la redacción de La Nación, en la que, entre otras cosas, mani­fiesta que la propiedad está alquilada.

Samaniego dice que, como licenciada en Administración de Empresas, decidió ser emprendedora. “(…) uno de mis emprendimientos ha sido la construcción de un depósito para su posterior arrendamiento. El mismo fue alquilado desde el 1 de noviembre del año pasado a una empresa comercial, con la cual no tengo ningún otro vínculo que no sea el estrictamente del contrato de locación”, dice parte de la nota.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.