El pasado viernes, la Academia de Lengua Guaraní (ALG), órgano rector de la normativización de la lengua, aprobó la “Gramática Oficial de la Lengua Guaraní”, esto tras dos años y ocho meses de arduo trabajo.

La Gramática de la Lengua Guaraní contiene las características generales de la lengua, sus reglas ortográficas, las categorías gramaticales, la sintaxis y el origen de las palabras. Así mismo, incluye una guía práctica para recuperar la sintaxis guaraní con la presentación de un listado de expresiones incorrectas con sus correspondientes correcciones.

El documento aprobado por dicha entidad viene a llenar un vacío muy importante para el desarrollo escrito de la lengua nativa de nuestro país, esto teniendo que en cuenta que, hasta el momento, aún no se había establecido la estructura lingüística oficial del guaraní.

El doctor Carlos Antonio Ferreira, docente y presidente de la Academia de la Lengua Guaraní, en contacto con nuestra redacción habló sobre este tema y manifestó que, conforme a la Ley 4251/10 de Lenguas promulgada en el año 2010, no se podían hacer ciertas cosas como emitir documentos oficiales, certificados de estudio, hasta cédulas de identidad y pasaportes en español-guaraní, hasta tanto estén establecidos el alfabeto y la gramática oficial guaraní.

La mencionada ley creó dos nuevas instancias relacionadas a este ámbito: la Secretaría de Políticas Lingüísticas (SPL) y la Academia de la Lengua Guaraní (ALG), esta última como entidad normativa sobre todo lo que atañe a la lengua guaraní (equiparable a la Real Academia de la Lengua Española para el idioma español).

El titular de la academia admitió que, debido a la falta de formalización de la Lingüística Guaraní, el Estado no podía incorporar plenamente este segundo idioma oficial, por ejemplo, al emitir documentos oficiales, quedando publicados todos los textos sólo en español.

El Art. 140 de la Constitución Nacional establece que “el Paraguay es un país pluricultural y bilingüe” y, por ende, son idiomas oficiales el castellano y el guaraní. Si se tiene en cuenta que la Carta Magna ya había sido promulgada en el año 1992, tuvieron que pasar más de 25 años para que finalmente se haya terminado el proceso de formalización y reglamentación de la lingüística guaraní.

Ferreira mencionó que en el 2015 se había oficializado el Alfabeto Guaraní, en el 2016 ocurrió lo mismo con las Reglas de la Ortografía Guaraní y recién ahora en el 2018 se completó el proceso con la aprobación de la Gramática Guaraní.

Según explicó, lo que hizo la Academia de la Lengua Guaraní fue “juntar todas las propuestas” relacionadas al idioma desde el año 1640 hasta la fecha y así tratar de sacar una “gramática básica”, lo cual puede interpretarse como una oficialización de las reglas que rigen al guaraní.

Teniendo en cuenta esta situación, lo ocurrido la semana pasada se podría considerar como un hecho trascendental e histórico ya que a partir de ahora se podrán impulsar las modificaciones necesarias para incorporar nuestra segunda lengua oficial en el funcionamiento de las instituciones gubernamentales.

El presidente de la ALG destacó que con la aprobación de la gramática se completa el proceso para formalizar la Lingüística Guaraní en Paraguay, por lo que a partir de ahora resta la comunicación oficial a los Poderes del Estado para su posterior aplicación. Cada entidad, de acuerdo a su organización, se encargará de incluir al guaraní en su estructura y funcionamiento, sobre todo a la hora de emitir documentos oficiales, precisó.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.