Adriana Amarilla, directora de Promoción de la Salud, comentó al canal Gen y radio Universo que a su parecer las medidas de restricción vigentes por Semana Santa deben durar por lo menos 10 días para ir frenando el alto nivel de contagio, internaciones y muertes por Covid-19.

“Ojalá no necesitemos decretos para administrar los propios riesgos, esto será una forma de vida si queremos resguardar a nosotros mismos y a nuestras familias. Lavar las manos, usar el tapabocas y elegir lo esencial hasta que se desacelere el número de casos”, comentó.

Reconoció que es categórico que las vacunas deben llegar ya porque nos urge ir inmunizando a la población. “Tenemos que exigir y patalear, tenemos que vacunar a los vulnerables”, dijo. No obstante, recalcó que la vacunación no para el ritmo de contagio y citó los casos de países como Inglaterra que tienen un alto porcentaje de inoculados pero que están peor que nunca con respecto a los contagiados. “Sí cae la mortalidad, no obstante, los últimos estudios revelan que eso también se da por el confinamiento”, agregó.

Por otra parte dijo que será clave implementar en estos días la consigna de quédate en tu burbuja, con aquellas personas que se comparte a diario. “Es más que necesario que nos aliemos a esta recomendación porque prácticamente ya no hay camas disponibles. Esto lo tenemos que hacer por nosotros. Debemos disminuir las interacciones sociales, eliminarlas o minimizarlas”, aconsejó.

En otro momento defendió la decisión de Salud Pública de mantener abiertas las fronteras con el Brasil, pese a su situación epidemiológica. Aseguró que nuestro país ya es una especie de laboratorio del coronavirus y que es menor la proporción de viajeros al comparar con las personas que hacen actividades multitudinarias aquí.

“Obviamente que Brasil es un peligro, pero el virus ya está acá entre nosotros. Nosotros somos un laboratorio’i, en menor proporción que Brasil. El flujo de viajeros es menor a la cantidad de personas que asistieron a la celebración religiosa en Capiatá o se congregaron en un acto político. Nosotros estamos exigiendo el PCR para entrar y salir del país. Hay ciertas vulnerabilidades en la frontera seca, pero son ciudades espejos”, argumentó.

Según Adriana Amarilla, para mantener abierta las fronteras primó un factor epidemiológico, y consideró que la vía más fácil y populista hubiera sido cerrarlas porque pasa menos gente en los últimos días.

“Tenemos protocolos vigentes de hace tiempo y muchas personas fueron rechazadas por no traer su test PCR. Hay más gente en reuniones, ocios, que son los laboratorios de virus que nos deben preocupar”, reiteró la funcionaria de Salud Pública.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.