Según el informe de la Con­traloría General de la Repú­blica, en la ciudad de Asun­ción la ejecución de los recursos en el ejercicio fis­cal 2022 fue solamente en promedio del 12 %.

En el caso del departamento de Boquerón la cifra fue del 48,31%. Entre las administra­ciones comunales de menor nivel de ejecución de los fon­dos disponibles se destacan las municipalidades de Fila­delfia con 6,33 % y Loma Plata con 7,68 %.

El departamento de Presi­dente Hayes usó el 48,84 % de los fondos, siendo las peo­res las municipalidades de José María Bruguez con 5,73 %, Villa Hayes con 13,72 %, y Puerto Pinasco con 23,84 %.

En Itapúa la utilización de los recursos fue del 56,82 %. Los municipios de menor nivel de ejecución fueron Nueva Albo­rada con 6,76 %, San Cosme y Damián con 7,49 %, Encar­nación con 28,25 %, Hohenau con 32,22 % y General Artigas con 32,14 %.

En Central fue de 64,06 % y las ejecuciones más bajas se dieron en Lambaré con 21,69 %, Limpio con 32,54 %, Itá con 43,11 %, y la Gobernación de Central con 48,05 %.

Amambay ejecutó el 68,76 %, siendo las ejecuciones más bajas las de Pedro Juan Caba­llero con 36,39 %, Municipa­lidad de Cerro Corá con 39,05 % y la Municipalidad de Zanja Pytã con el 52,95 %.

En Alto Paraná fue del 66,5 %. Entre los municipios de menor nivel de ejecución se encuentran las municipali­dades de San Cristóbal con 32,08 %, Ñacunday con 27,69 %, San Alberto con 25,94 %, Iruña con 22,96 %, Mbara­cayú con 20,48 % y Naranjal con 16,17 %.

En el departamento de Con­cepción la ejecución en el 2022 fue en promedio de 65,82 % distribuidos entre los distintos municipios y la gobernación. Entre las admi­nistraciones de menor nivel están la Municipalidad de Paso Horqueta con 4,83 %, la de Loreto con 17,82 % y la de Belén con una ejecución del 27,63 %.

En Caazapá, que lidera la lista de los departamentos con mayor índice de pobreza, el uso de los fondos para la ali­mentación escolar fue solo del 68,19 %. Entre las insti­tuciones con baja ejecución se encuentran la Municipa­lidad de San Juan Nepomu­ceno con 30,99 % y la Gober­nación de Caazapá con 49,26 % de ejecución.

En San Pedro, el segundo departamento con mayor pobreza, la ejecución fue del 73,55 %. Entre los distritos que peor utilizaron los fondos figuran Antequera con 18,23 %, General Elizardo Aquino con 30.09 %, y Guayaybí con 35,71 % y San Pedro del Ycua­mandyyú con 0 % hasta el pri­mer semestre del año 2022.

Mientras que Alto Paraguay ejecutó el 74,14 %. Las admi­nistraciones comunales de menor nivel se destacan las municipalidades de Bahía Negra con 0,00 % y Fuerte Olimpo con 17,81 %.

El tercer departamento con mayor pobreza, Caaguazú, utilizó el 79,0 % de los fondos disponibles. Entre los distri­tos con pésima gestión apa­recen Repatriación con 17,8 %, Dr. Cecilio Báez con 24,9 %, San Joaquín con 41,5 % y 0% de ejecución en almuerzo en Santa Rosa del Mbutuy, y 0% de ejecución en obras Dr. Cecilio Báez y Repatriación.

En Paraguarí la ejecución fue 78 %, siendo los peores la Municipalidad de María Antonia con 28 % y Carape­guá con 47 %.

El departamento de Ñeem­bucú ejecutó el 78,88 % de los fondos, de los cuales Alberdi registró el 35,53 %, Villa Franca el 42,29 % y Villalbín el 55,33 %.

Con mayores ejecuciones aparecen Guairá con el 80,40 %, Misiones con 81 %, Cordi­llera con 81,35 % y Canindeyú con 81,95 %.

Durante la fiscalización, la Contraloría detectó varias falencias en los distintos municipios analizados:

En J. Augusto Saldívar, depar­tamento Central, el Programa de Alimentación Escolar no fue sostenido durante todo el año lectivo del ejercicio fiscal 2022, teniendo en cuenta que de un total de 188 días hábiles del citado periodo, solamente proveyó el almuerzo escolar para 97 días.

En Hernandarias, depar­tamento de Alto Paraná, solamente proveyeron el almuerzo escolar en las ins­tituciones educativas para un total de 112 días. Así tam­bién, el municipio no dispone de documentos o informes que avalen fehacientemente los procesos de entregas en cuanto a la calidad y cantidad de los productos recibidos.

En la localidad de Jesús, departamento de Itapúa, de un total de 188 días del año lectivo 2022, la administra­ción municipal solamente proveyó el almuerzo esco­lar para un total de 21 del calendario lectivo de dicho periodo.

En Lima, departamento de San Pedro, se retrasó al hacer el llamado y por ende la pro­visión de los ingredientes en las instituciones educativas recién se dio a finales del mes de septiembre del 2022.

En Fram, departamento de Itapúa, también se realizó la provisión de los ingredien­tes alimentarios de manera tardía, recién a finales del mes de mayo de 2022, y solo para 82 días de clases. Tampoco los insumos no fueron proveídos en su totalidad.

En Caraguatay, depar­tamento de Cordillera, se firmó un contrato con la empresa Menro SA que solo contempló 43 días para la prestación del servicio de almuerzo escolar.

En General Artigas, departa­mento de Itapúa, se inició la provisión de los ingredientes en las instituciones educati­vas recién a finales del mes de julio de 2022.

En Bella Vista, departamento de Itapúa, se comenzó a entre­gar el alimento escolar a fina­les del mes de mayo de 2022, y solo para 43 días de clases.

Y en Itapúa Poty, departa­mento de Itapúa, se suscri­bió contrato con la empresa Lakmi SA para la provisión del almuerzo escolar, a pesar de que la Dirección Nacional de Contrataciones Públi­cas resolvió que la adjudi­cación se anule a causa de que la empresa no cumplía los requisitos de capacidad financiera.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.