Este miércoles, la bancada oficialista de la Junta Municipal de Asunción aprobó el balance del ejercicio 2017 de la Municipalidad de Asunción. Los colorados se abstuvieron ante los serios indicios de mala gestión que se registraron, según los datos contables que arrojó el informe.

El concejal Julio Ullón (ANR), dijo que la suma de los ingresos corrientes y los ingresos de capital del 2017 dan un monto negativo de G. 68.255 millones, en comparación al 2016.

Peor aún, el edil mencionó que los ingresos tributarios, comparando el 2016 con el 2017, tuvieron una caída significativa en el orden de los G. 31.506 millones, lo que totaliza un 46% menos.

El concejal sostuvo que la fuerte caída en los ingresos representan un llamado de atención a la administración del Ejecutivo municipal ya que en lugar de aumentar la cantidad de contribuyentes provocaron un incremento de la evasión fiscal y la informalidad.

Con respecto a la ejecución, Ullón sostuvo que el municipio tiene un presupuesto de G. 341.212 millones y que del total solo se ejecutó el 14%, es decir solo G. 50.983 millones. “Esto demuestra claramente una falta de gerenciamiento y la escasa capacidad del Ejecutivo para solucionar los múltiples problemas de la ciudad, especialmente en materia de infraestructura vial”, indicó.

La morosidad también aumentó, según el reporte, en 22,6% en relación al ejercicio 2016. La evasión totaliza unos G. 116.348 millones es decir, unos US$ 21 millones.

Contrariamente a la baja ejecución presupuestaria, Mario Ferreiro también aumentó la deuda de la Comuna. Ullón refirió que los gastos de financiamiento del 2017 están en el orden de los G. 70.500 millones, un monto superior al dinero que se obtuvo de entidades financieras durante el 2016.

“Hemos gastado más en financiamiento que en obras en el ejercicio 2017. Realmente es una situación muy deficitaria en materia de gestión. También otro punto muy importante es la disminución de los ingresos corrientes de capital, que fueron cubiertos peligrosamente con endeudamiento interno. No se han incorporado más contribuyentes y se produjo un aumento de la evasión fiscal y de la informalidad”, criticó.

Dijo que la administración Ferreiro tiene una nula capacidad de resolución de los acuciantes problemas de infraestructura de la ciudad.

Como no se encontraron irregularidades en la ejecución presupuestaria, Ullón dijo que la bancada de la ANR se limitó a abstenerse de votar por la aprobación.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.