La megacontratista del clan del senador Luis Pettengill Vacca, que por adenda se quedó con la ejecución de la obra, que a estas alturas debía ser el nuevo tren de molienda de Petropar en Mauricio José Troche, asumió la culminación del montaje con una fecha tope al 7 de noviembre de 2023; sin embargo, a más de un mes del vencimiento de los plazos varias veces prorrogados, el compromiso es mera promesa.

Desde la empresa estatal confirmaron que ni el tinglado que forma parte de la estructura adjudicada por USD 29 millones en el gobierno anterior está listo. Édgar Ortiz, del gremio de cañicultores de la zona de Troche, ratificó la situación, aunque esperanzado comentó que solo “faltan las bases, el hormigonado”.

Ocho A es la empresa contratista vinculada al senador Pettengill, de la que presumiblemente continúa siendo activo, debido a que el mismo declara acciones en Constructora Paraná SA, que a la vez es accionista de la megacontratista de la fallida obra, según acta de asamblea del año pasado, cuando el empresario ya se postulaba al Congreso.

Recordemos que mediante una medida cautelar la empresa adjudicada Estructura Ingeniería SA cedió los derechos de la ejecución de la obra de la línea de molienda a Ocho A. En el cronograma, reajustado y con varias prórrogas, por cierto, figura que en noviembre pasado debían culminarse los últimos trabajos y ajustes como el tándem de molinos, montaje de la mesa alimentadora, de puente grúa, equipos de automatización de la planta, etc.

Este objetivo quedó en los papeles, ya que hasta ahora ni el pabellón se ha terminado, cuando este componente consistente en obra civil equivalente al 15 % del proyecto por el cual se abonó alrededor de G. 45.000 millones. Las maquinarias que conforman el 85 % del emprendimiento siguen dispersas en depósitos, algunas sin despacharse en zonas aduaneras y la incertidumbre en el cumplimiento del compromiso se torna más perjudicial por los desembolsos realizados por parte de la empresa estatal en la administración anterior.

MULTA

Tras una verificación contractual, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas estableció una multa de G. 18.603 millones para la empresa de Pettengill, precisamente por varias irregularidades en la ejecución del cronograma de obras. Figuran fuertes observaciones con relación al incumplimiento de los plazos, prórrogas sin documentos de respaldo, hasta incumplimiento de disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones para el pago del anticipo pertinente. Si bien la contratista solicitó que se congelen los plazos ante el inicio del análisis en setiembre último, varios de los ítems ya debían haberse completado para ese entonces.

El apuro que tuvo el gobierno de Mario Abdo Benítez en pagar un anticipo a la empresa adjudicada no se vio reflejado en la ejecución de los trabajos. Aseguraron un adelanto de USD 6 millones que pagó Petropar a Eisa, pero en un año la obra no avanzó, más que un terraplenado que servía de estacionamiento para visitas a la planta de Troche.

Mientras en Troche se frustra una obra de envergadura, estas cuestionadas contratistas de los “pulpos” de licitaciones, Alberto Palumbo y el actual senador Pettengill, se quedan con fortuna en adjudicaciones, en algunos casos con contratos en ejecución y negocios asegurados hasta el año 2029, como el caso de empresas del clan del parlamentario.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.