La principal exigencia es la inclusión de un representante de la organización de pasajeros en el Consejo ad hoc que reglamenta el billetaje electrónico.

“Estamos cansados del exceso de pasajeros por buses, del exceso de espera en las paradas y del exceso de incumplimiento de las normativas locales e internacionales. Como pasajeros y pasajeras exigimos mayor frecuencia del servicio, menor tiempo de viaje, mayor transparencia, mayor control sobre la calidad del servicio, y mayor accesibilidad”, sostiene OPAMA.

Los usuarios y las usuarias justamente en su última asamblea ciudadana aprobaron las prioridades a exigir al nuevo gobierno. Entre ellas piden una reorganización de las líneas, pasando a un sistema ramal y troncal con transbordo gratuito, con frecuencia adecuada, con planificación central y participativa en base a las necesidades de los usuarios y las usuarias.

Desde Opama piden así también obras de infraestructura vial que ponga primero al transporte público, como carriles exclusivos, paradas cómodas y seguras, e inversión en nuevos colectivos y otros medios de transporte público como prioridad del estado.

Además de una transparencia transversal a todo el sistema de transporte público, desde los detalles de las concesiones a las empresas operadoras hasta el posicionamiento en tiempo real de los colectivos, para que los ciudadanos y las ciudadanas puedan servir de contralores del servicio.

Solicitan un ente regulador fuerte que pueda realmente ejercer el control debido sobre las empresas operadoras, con una participación ciudadana dentro de los entes reguladores para evitar la captura de estos. Además de facilitar el reclamo a las autoridades por incumplimientos y agilizar el proceso de satisfacer estos reclamos.

Y finalmente piden facilitar el acceso al pasaje estudiantil para los estudiantes en todos los niveles educativos, dar accesibilidad para personas con discapacidad y movilidad reducida, y un transporte digno para personas adultas mayores.

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El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.