La provisión de insumos y medicamentos para tratamientos de los pacientes de las distintas patologías, de forma oportuna, es uno de los derechos constitucionales que ampara a los paraguayos. Las asociaciones de pacientes piden acelerar los procesos y terminar con la burocracia. 

“Pedimos agilizar y optimizar la gestión de compra de los medicamentos. Los pacientes no podemos esperar en especial cuando se trata de enfermedades tan delicadas como las oncológicas”, dijo Gloria Fornerón, presidenta de la Asociación de Pacientes Oncológicos del IPS.

Amalia Cutillo, presidenta de la Asociación Guerreros de la Artritis (AGA), pide a las autoridades de salud de este Gobierno que redoblen sus esfuerzos para lograr servicios de salud de calidad para todas las personas. “Cada segundo que ganamos en un tratamiento vale para ganar la batalla en miles de enfermedades”, dijo. 

“Es imperante anteponer la salud y la vida de las personas ante cualquier otra excusa. Sea esta negligencia, ineptitud, mala gestión, falta de transparencia o corrupción. Debemos entrar a la era digital y valernos de la tecnología para propiciar un proceso, gestión y tratamiento eficiente, transparente y de calidad para todos, señaló Norah Giménez, directora ejecutiva de la Fundación Unidos Contra el Cáncer (Funca).

Las asociaciones de pacientes coinciden en señalar que, tras la vuelta a la normalidad, luego de meses de incertidumbre debido a la pandemia, los aislamientos y los centros médicos abarrotados con pacientes de COVID-19, la provisión de medicamentos en el IPS llega a ser toda una peregrinación para pacientes oncológicos y de enfermedades autoinmunes. 

En Paraguay el cáncer ocupa el primer lugar en lo que corresponde a muerte prematura antes de los 70 años, mientras se estima que unas 150.000 personas se diagnostican anualmente con enfermedades como artritis reumatoidea. Más de 600 personas tienen esclerosis múltiple, 7 de cada 10 son de escasos recursos y solo el 33 % accede a un diagnóstico y a atención médica.

El tratamiento de estas patologías generalmente implica medicamentos de elevado costo, por lo que el único centro de referencia es el IPS, que se sostiene gracias al aporte de todos los trabajadores del país. 

Instan a las autoridades del IPS a acelerar los mecanismos que permitan a la previsional contar con todas las alternativas de tratamiento en la brevedad posible, porque en muchos casos implica la diferencia entre la vida y la muerte de los pacientes.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.