Productores, técnicos, actores, distribuidores y directores, entre otros profesionales, participaron este lunes de una audiencia pública en el Congreso paraguayo, para debatir acerca del proyecto de ley que regule el sector audiovisual en Paraguay, presentado el pasado mes de marzo.

La ley plantea, por un lado, la creación de un Instituto del Audiovisual que coordine políticas públicas para el sector y, por otro, la puesta en marcha de un fondo para financiar proyectos audiovisuales y cinematográficos.

“En Paraguay no tenemos un Instituto del Cine, como tienen casi todos los países de la región, y eso nos deja en desventaja a la hora de las relaciones bilaterales con otros institutos, o de realizar coproducciones”, explicó a Efe Alejandro Houston, presidente de la Cámara Paraguaya de Empresas de Cine y Televisión (Campro).

De aprobarse la ley, el Instituto del Cine será el encargado de las políticas a largo plazo para el fomento del audiovisual paraguayo, como la capacitación, la organización de concursos transparentes para la adquisición de fondos o el trabajo con las instituciones educativas para desarrollar una cultura cinematográfica.

También favorecerá el posicionamiento de películas paraguayas en mercados y festivales extranjeros, donde la presencia del cine paraguayo es todavía “muy escasa”, expuso Houston.

El Instituto del Cine estará regulado por el Consejo Nacional del Audiovisual, cuyo presidente será el titular de la Secretaría Nacional de Cultura (SNC).

Además, en el Consejo estarán integrados representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y la Comunicación (Senatics) y el Ministerio de Industria y Comercio, además de representantes de toda la cadena de producción de contenidos audiovisuales.

Por su parte, el Fondo Nacional del Audiovisual ofrecerá a los profesionales la posibilidad de obtener créditos blandos, fondos no reembolsables y becas para financiar sus proyectos.

La iniciativa legislativa prevé que este fondo esté alimentado por el Presupuesto General del Estado, además de por la recaudación del 5 % del impuesto a la importación de instrumentos de grabación y proyección audiovisual, y por donaciones públicas o privadas de carácter nacional e internacional.

También contempla la colaboración de las entidades binacionales, como las que gestionan las hidroeléctricas de Yacyretá e Itaipú, que ya apoyan a los Institutos del Cine en Argentina y Brasil, respectivamente.

Además, el texto prevé instaurar el Día del Cine, que coincidirá con la fecha de promulgación de la ley, y servirá como pretexto para organizar ferias y festivales dedicados al cine nacional.

En la audiencia participaron representantes de entes estatales, como la SNC, el Centro Cultural El Cabildo o la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi), cuya titular, Patricia Stanley, pidió que esta institución también esté integrada dentro del Consejo del Audiovisual.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.