Unas 2.638 hectáreas –todas están prácticamente deforestadas- pertenecen a 24 comunidades indígenas que hasta hoy resisten con sus tradiciones y formas de vivir en Itakyry, departamento de Alto Paraná. El violento atropello que sufrió la semana pasada una de estas comunidades, la de Ysaty – 3 de Julio, por parte de hombres armados con escopetas, se muestra como una cuestión que puede repetirse, por lo que las autoridades locales están en alerta.

Para Carlos Soria, intendente de Itakyry, es urgente que el Instituto Nacional del Indígena (Indi), el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) y otras entidades involucradas, puedan resolver el problema de la titulación de las tierras indígenas en esta zona del país, para que no se repita lo que ocurrió en Ysaty – 3 de Julio, una comunidad indígena de Itakyry que soportó durante tres días graves atropellos por parte de particulares.

“Acá lo más grave es que hay gente de afuera, que no tiene nada que ver con nuestra ciudad ni comunidad, que está buscando sacar rédito económico de esta situación. No podemos permitir que vengan a tratar de lucrar con tierras ancestrales, por eso es necesario que las autoridades definan bien la situación de estos inmuebles, para que ya no se tenga ningún tipo de confusión al respecto”, dijo Soria.

El jefe comunal recibió a La Nación acompañado de los concejales municipales Gumercindo Fernández y Jorge Acosta. Según recordó Soria, el problema que se plantea con las 300 hectáreas que reclama la firma Industria Paraguaya de Alcoholes SA (Inpasa) y que están dentro de las 2.638 hectáreas consideradas tierras ancestrales, viene arrastrándose desde hace unos 7 años aproximadamente, sin que hasta ahora se haya llegado a una solución.

Un acuerdo con el cacique

El 8 de mayo pasado, un día después del primer atropello que sufrió la comunidad de Ysaty – 3 de Julio, el entonces líder de esta comunidad indígena, Luciano Villalba Acosta, firmó un acta notarial en la que se compromete a abandonar las tierras en litigio con Inpasa. Supuestamente, Villalba Acosta se reunió con representantes de dicha empresa y del propio Indi y allí se “comprobó” que la parcela reclamada por Inpasa efectivamente le corresponde.

Este extraño y llamativo acuerdo se presentó ante la Municipalidad local, y está avalado por el escribano público César Martínez Ramírez, de Hernandarias, Alto Paraná. Villalba Acosta refrendó el citado documento en carácter de líder indígena. De hecho, en el acta queda registrado que el mismo accedió a dicho cargo reconocido por el mismo Indi, según la resolución Nº 12/013 del 10 de enero del 2013.

Igualmente, Villalba Acosta firmó también ese mismo día y ante el mismo escribano una cesión de derechos y acciones mediante el cual acuerda mudarse con 20 familias a la comunidad indígena “Potrero Yvy Apyakaty”, ubicada en la zona de “Yatay e Ybyrarobana”, del distrito de Corpus Christi, Canindeyú. Supuestamente, el representante de Potrero Yvy Apyakaty, Fulgencio Barrios González, acordó “ceder” unas 500 hectáreas de su comunidad a favor de Villalba Acosta y su gente.

Sin embargo, estas documentaciones no tienen carácter legal para ordenar el desalojo que sufrieron las 15 familias indígenas que se negaron a ir a Canindeyú con Villalba Acosta. Debido a esta situación, tanto el intendente local, Soria, como los concejales municipales exigen que las autoridades nacionales definan la situación de las propiedades indígenas en el lugar.

“Itakyry tiene 24 comunidades indígenas con las que estamos trabajando en forma coordinada. A muchas de ellas les está llegando el proyecto Tekoporá, que significa tener un aporte importante para estas familias. Estamos construyendo escuelas, pero esto viene a descomponer todo lo que venimos haciendo”, expresó Soria.

Para el Indi

Desde el atropello a la comunidad indígena Ysaty – 3 de Julio, las autoridades del Indi afirmaron que la zona en litigio o donde vive esta parcialidad indígena pertenece a tierras ancestrales, finiquitado por ley, por lo que no puede haber algún acuerdo que esté por encima. Si bien la ayuda para las familias indígenas afectadas llegó después de tres días seguidos de agresiones, al menos hasta ayer, quienes quedaron en el lugar como líderes afirmaron que desde esta institución estatal seguían recibiendo promesas de que estarían siendo asistidos toda esta semana.

Para los directivos de Inpasa, no existe ninguna responsabilidad de sus trabajadores con lo ocurrido en la comunidad Ysaty – 3 de Julio. Sin embargo, reconocieron que existe un litigio judicial por 300 hectáreas y hablaron de un acuerdo con los indígenas de esta comunidad para que desalojen el lugar. No obstante, no hay orden judicial para que los nativos dejen ese terreno.

Imputados

Los fiscales Alfredo Acosta y Víctor Santander, que llevan el caso, imputaron después de los atropellos a cuatro personas, quienes supuestamente habrían tenido participación. Los involucrados son Marcos Torales –un conocido abogado que de forma frecuente aparece en litigios judiciales por tierras– y su hijo, Javier Torales; el dirigente campesino Ismael Barrios –quien supuestamente fue contratado para hacer las intervenciones– y Roberto de Souza André, gerente de Inpasa.

La escuelita

Otra preocupación que tienen los indígenas que se quedaron en Ysaty – 3 de Julio es que se pueda reabrir lo antes posible la pequeña escuela de la comunidad. En efecto, el Ministerio de Educación ya elevó el pasado 11 de mayo una denuncia formal ante el Ministerio Público por esta situación.

Ayer, en conversación con La Nación, Ricardo Orrego, uno de los que ahora está a cargo de la comunidad Ysaty – 3 de Julio, confirmó que estaban de reunión con las autoridades de la Gobernación de Alto Paraná, quienes igualmente prometieron ayuda. Hoy, las familias indígenas necesitan víveres y nuevas chozas. Si bien el Indi ya les proveyó de madera y chapa eternit, la principal preocupación de los indígenas es la comida para sus hijos.

En las extensiones de tierra que tiene la comunidad en la zona, en medio de sojales, los indígenas tienen su propio cementerio. Muchos de los abuelos y padres de quienes hoy pelean por mantenerse en el lugar ya están enterrados allí. Los indígenas dicen que el designio que tienen es vivir en sus tierras y que cuando les toque morir, entonces su descendientes deben enterrarlos allí, donde está su gen te.

La médica Asihiria Acuña, del Hospital de clínicas, explicó que la manipulación del canal auditivo, es algo comúnmente realizado sobre todo al introducir diversos tipos de objetos, sea cotonetes, incluso llaves, cuyo empleo daña al oído y produce microtraumatismo en la piel al retirar la cera.

El oído tiene su propio mecanismo de autolimpieza, no necesita que se utilicen elementos, de hecho, la cera es una estructura fundamental y cumple una función específica, es esencial para mantener la piel hidratada y un pH ácido en el oído, para que esos gérmenes que normalmente viven el conducto externo no empiecen a invadir y generar procesos infecciosos.

Finalmente, la médica acotó que el oído está listo para defenderse incluso del agua.

“Desmiento mi oposición a la inclusión del celular de mi esposo en la investigación. Al respecto, he solicitado que los trabajos técnicos y periciales del teléfono los realice la Fiscalía de Colombia, conjuntamente con los investigadores de Estados Unidos”, dice el comunicado emitido por Claudia Aguilera, viuda del fiscal Marcelo Pecci.

Al respecto, explicó que el teléfono estuvo lacrado desde el día del asesinato del fiscal en Colombia, y desde ese momento fue entregado a los investigadores de dicho país. Aguilera sostiene que recién el pasado 18 de marzo de 2024, la Fiscalía de Paraguay le solicitó suscribir un escrito por el cual autorizaba el pedido del teléfono celular de Marcelo Pecci a la Fiscalía de Colombia, a los efectos de considerar la extracción de datos y diligencias técnicas.

“El 29 de abril del corriente año, remití una nota a la Fiscalía de Colombia, señalando mi autorización para que tanto la Fiscalía colombiana como los fiscales investigadores de Estados Unidos accedan al teléfono y realicen las pericias correspondientes al celular de Marcelo”, agrega.

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Sobre la actuación del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, Aguilera señala que de manera recurrente se excusó en los avances de la investigación por falta de recursos, ausencia de mecanismos tecnológicos, y manifestaciones similares, por lo cual considera pertinente el apoyo internacional en esta causa, encontrando en Estados Unidos y Colombia el interés para esclarecer el caso.

“El teléfono de mi esposo no es la única evidencia que he entregado, sin embargo, hasta la fecha nada sé sobre las diligencias realizadas a otros aparatos electrónicos. Rechazo cualquier señalamiento hacia mi persona de obstruir la investigación, puesto que desde el principio estuve abierta a cooperar, poniendo no solo a disposición los aparatos electrónicos de Marcelo, sino también los míos”, subraya.

Además, enfatiza que es su propósito que se conozca a los responsables del hecho, por lo que seguirá colaborando en la investigación. “Reitero mi conformidad con la cooperación de Estados Unidos y Colombia para poder encaminar con mejor tino la investigación del magnicidio de mi esposo y padre de mi hijo”, indica.

El estudio evidencia preocupaciones serias sobre cómo se está utilizando esta normativa para limitar la libertad de expresión de periodistas y comunicadores en lugar de su propósito original de proteger a las mujeres contra toda forma de violencia.

Maricarmen Sequera, codirectora de TEDIC e investigadora, destaca la importancia del estudio: “Este análisis demuestra que, aunque la protección contra la violencia es fundamental, es igualmente crucial garantizar que las leyes no se utilicen como herramientas para suprimir la libertad de expresión. Encontramos que en todos los casos de interés público analizados, la ley fue aplicada de manera que podría considerarse censura previa”.

La primera parte del estudio analiza el marco legal de protección sobre la libertad de expresión, así como los estándares internacionales establecidos por el sistema interamericano de derechos humanos, incluyendo catorce jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Este apartado tiene un especial enfoque en cómo se configura censura previa, el umbral de protección aplicable a funcionarios públicos y personas públicas en el ejercicio de su libertad de expresión, y cómo este puede verse comprometido por interpretaciones erróneas de la Ley 5777/16 por parte de los Juzgados de Paz en el país.

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En este análisis, se exploran seis casos actuales en Paraguay donde se evidencia la posible tergiversación de la Ley 5777/16 para restringir el ejercicio de la libertad de expresión en casos de interés público.

Entre los hallazgos del estudio se resalta la necesidad de un enfoque equilibrado que proteja tanto los derechos de las mujeres como la libertad de expresión y el debido proceso legal en una sociedad democrática. “La ponderación de ambos derechos deben ser diferenciados en casos de interés público y persona pública. Es importante reconocer que existen situaciones legítimas en las que las medidas similares pueden ser necesarias, como cuando se prohíbe a una persona con antecedentes de violencia mencionar o dirigirse a su ex pareja a través de mensajerías y redes sociales”, afirma Sequera.

Además de los análisis de casos, la investigación proporciona recomendaciones concretas para ajustar la aplicación de la Ley 5777/16, incluyendo la necesidad de regulación más detallada y capacitación para los profesionales de la justicia, para asegurar que se respeten tanto los derechos de las mujeres como la libertad de expresión.