Los activistas por los derechos humanos piden que la vivienda de los Stroessner, ubicada en el barrio de la Santísima Trinidad de la capital, sea convertida en patrimonio público, afirmó a Efe Martín Almada, uno de los integrantes de la protesta llevada a cabo hoy frente a la mansión.

El edificio, que ya está siendo destechado, se encuentra dentro de un recinto que había sido cedido de forma irregular por la Municipalidad de Asunción a los Stroessner en 1974, pero que fue devuelto al dominio público el pasado mes.

Almada explicó que las víctimas buscan la recuperación del edificio para darle un “destino reparatorio”.”Queremos que sea conservada como patrimonio y sea convertida en una universidad pública”, acotó.

Almada fue el descubridor, en 1992, de los llamados “Archivos del Terror”, más de 700.000 folios de documentos que demuestran el vínculo entre la dictadura de Stroessner, una de las más longevas de Latinoamérica, y el resto de dictaduras de la región, en un plan orquestado desde Estados Unidos.

El activista destacó la importancia de conservar los “espacios de memoria” de ese período y criticó la demolición a fines de julio de parte de una comisaría que funcionó como centro de tortura en Asunción.

La Comisaría Tercera, lugar de detención y tortura de presos en el mandato de Stroessner y todo un símbolo de la brutalidad de esa dictadura, estaba siendo demolida casi en secreto, según Almada.

“Estaban actuando a espaldas de las víctimas, y sin consultarnos pretendían borrar una parte de nuestra memoria”, expresó también director de la fundación Celestina Pérez de Almada, bautizada en honor a su esposa fallecida en la dictadura.

El activista propone además que otras de las propiedades que los herederos del dictador mantienen en Asunción se reconviertan en residencias para estudiantes universitarios de bajos recursos, así como en refugios para los miles de damnificados por las inundaciones que cada año provoca la crecida del río Paraguay.

Pese a que en Paraguay nunca fue dictada una ley de amnistía, sólo 8 de los 448 presuntos responsables de crímenes, algunos de ellos considerados “de lesa humanidad”, fueron procesados, todos entre 1999 y 2008, denuncia la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy).

La dictadura paraguaya, que fue la más larga del Cono Sur, dejó una secuela de 425 desaparecidos o ejecutados, detuvo a casi 20.000 personas que en su mayoría padecieron torturas, y forzó el exilio de 20.814 paraguayos, según un informe de la Comisión de Verdad y Justicia.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.