El agente fiscal Víctor Adolfo Santander presentó requerimiento de suspensión condicional del procedimiento en contra del propietario de una chanchería y frigorífico de Santa Rita por supuestos delitos ambientales y solicitó como recomposición la suma de 3 millones de guaraníes de forma mensual por 3 años, a ser destinado a un hogar beneficencia. De esta forma, la sanción aplicada al procesado sería de 108 millones de guaraníes por el daño ambiental causado.

El encausado está identificado como Luiz Filiponi (40), de nacionalidad brasileña. El requerimiento se presentó en el Juzgado Penal de Garantías, a cargo del magistrado Bernardo Silva Vera, luego de que el extranjero adecuara su establecimiento conforme a las normas vigentes en la Ley Ambiental, según se dio a conocer.

Según los antecedentes, el brasileño habría cometido los delitos de procesamiento ilícito de desechos e incumplimiento de medidas de mitigación ambiental, en su establecimiento de cría y engorde de cerdo, tambo lechera, cría de aves y frigorífico. Estos hechos fueron constatados el 16 de julio del 2021, ocasión en que una comitiva de la Unidad Especializada en Delitos Ambientales allanó el local, en cumplimiento del A.I. Nº 782, de fecha 16/07/2021, emanado del Juzgado Penal de Garantías de Santa Rita. La intervención contó con el acompañamiento del técnico de la Dirección Especializada en Delitos Ambientales, Ing. Luis Oviedo.

En el lugar se constató la existencia de aproximadamente 650 animales, los desechos consistían en estiércol que eran vertidos en tres cámaras interconectadas. Mientras, las menudencias se cocinaban para la alimentación de los animales. En el momento de la intervención no fueron exhibidas documentaciones. En otro sector se podía observar la acumulación de gran cantidad de huesos, que estaban acumulados a cielo abierto, constatándose además un frigorífico para la producción de embutido.

Al inicio de la investigación se constató que el Filiponi eludió sus obligaciones legales y ejecutó deficientemente el proyecto ambiental expedido por la autoridad de aplicación, en este caso el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES). No obstante, en el transcurso de la investigación, el propietario presentó todas las documentaciones, como ser informe de auditoría del Plan de Gestión Ambiental, correspondiente al proyecto de cría, engorde de cerdos, tambo lechero y cría de aves para la producción de carne.

Igualmente, el sindicado entregó la copia de constancia de Registro Industrial, con numeración 004163-2, cuya actividad específica es la producción, procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos, despostes de carne y conservación de productos cárnicos, elaboración de embustidos, expedido por el Ministerio de Industria y Comercio y que tiene como fecha de vencimiento 10/08/2023.

Posteriormente, el 29 de diciembre de 2021, el Ministerio Público, se constituyó nuevamente al establecimiento y observó las mejoras implementadas y el cumplimiento de las recomendaciones que fueron realizadas por el técnico ambiental. Además, se comprobó que la matadería ya se encontraba operando para el faenamiento de ganado vacuno, en el sector de la chanchería los desechos consistentes en huesos fueron retirados por una empresa tercerizada, el resto de las actividades se desarrollaban conforme a su plan de gestión ambiental.

De esta manera, el encausado Luiz Filiponi demostró su voluntad de reparar y recomponer el daño causado al medio ambiente circundante, admitiendo los hechos y el consentimiento con el acto conclusivo requerido, que se encuentra avalado con su firma y del abogado defensor en el cuaderno de investigación fiscal.

Por consiguiente, el fiscal Santander solicitó la suspensión condicional del procedimiento de Luis Feliponi por un periodo de prueba de 3 años y la recomposición consistente en la suma de 3 millones de guaraníes de forma mensual, hasta totalizar 108 millones, como daño ambiental, que el procesado deberá abonar a una entidad benéfica.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.