El vicepresidente de la Federación, Joseph Murray, señaló que el primer paso y más importante es “darles a los niños una lengua”, ya que pueden acceder a ello “exactamente igual que los demás niños”.

“Los niños sordos tienen una lengua accesible, la de signos, y luego pueden aprender muchas otras porque ya tienen una noción de conceptos en una lengua propia que les sirve de base”, detalló.

En cuanto a la educación escolar, el experto recomendó que los niños sordos acudan a escuelas para sordos, ya que “necesitan estar con sus pares” y, además, “tienen el derecho de ser educados juntos”.

En este punto precisó que la educación inclusiva para personas con discapacidad “es muy diferente” a la educación inclusiva para niños sordos y, de ahí, la importancia de que acudan a colegios para personas con discapacidad auditiva.

Murray defendió la necesidad de que existan materiales adaptados, que sigan el mismo currículo educativo que determine el Ministerio de Educación de cada país, y lamentó que la educación que se oferta a los niños sordos sea distinta, a pesar de que “debería ser igual que para los niños oyentes”.

A eso añadió también la responsabilidad de los Gobiernos en garantizar a las familias el aprendizaje de la lengua de signos para que padres e hijos puedan comunicarse.

Sobre esta cuestión denunció que muchos padres tengan que pagar para aprender el idioma que les permita hablar con sus hijos y agregó que “el Gobierno tiene que asegurar” que esta formación sea gratuita.

“El niño tiene derecho a acceder a la lengua de signos las 24 horas del día, en la escuela, en la casa, en los deportes… Eso es lo que apoya y asegura el desarrollo del niño”, manifestó.

Por su parte, Ana Campello, miembro de la Junta de la WFD, abogó el respeto de “las necesidades de las personas sordas” y recordó a los presentes que tener un hijo sordo no es motivo de lamentos, puesto que “no es una tragedia” y ese niño podrá aprender una lengua.

Solo un 2 % de los niños sordos de todo el mundo recibe una educación que combine el aprendizaje del lenguaje de signos con la escritura y lectura de su idioma original, según datos de la WFD.

Además, un 80 % de los niños sordos no pueden acceder a la educación en el mundo, mientras que otro 18 % sí está escolarizado, pero en planes de estudio que no incluyen el lenguaje de signos.

La Federación Mundial de Sordos es una organización no gubernamental que integra a 135 países y que trabaja para proteger los derechos de más de 70 millones de personas en todo el mundo.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.