El agente fiscal Víctor Adolfo Santander imputó a siete personas por su presunta implicancia en la comisión de varios hechos punibles durante el cierre de la Ruta PY07 (antigua Supercarretera), en la zona de Hernandarias.

Los encausados son Lucas Josué Arce (32), Fredy Arnaldo Lezcano Cabañas (23), Blas Bruno Rivas (28), Diego Benítez González (20), Cristhian Ramón Gamblan Paredes (22), Lorenzo Sosa Penayo (35) y Miguel Andrés Sosa Penayo (26). Estas personas enfrentan cargos por perturbación de la paz pública, coacción, resistencia, daño a cosa de interés común y delitos ambientales.

De acuerdo con la investigación, los imputados cometieron los delitos este 3 de mayo último, a las 22:20 horas, en la mencionada carretera, a unos 200 metros de la entrada al barrio San Francisco del distrito de Hernandarias.

En ese momento, los sospechosos, junto con otras personas que se autodenominan seguidores del partido Cruzada Nacional, bloquearon la ruta en protesta por un supuesto fraude en las elecciones del 30 de abril. De esta manera, impidieron el libre tránsito incendiando neumáticos y exigiendo a los conductores pago de entre 20.000 y 50.000 guaraníes para permitirles continuar su camino.

Agentes policiales de la comisaría número 27 de la jurisdicción fueron alertados sobre la situación y acudieron al lugar para despejar la vía, pero fueron agredidos por los ahora procesados, quienes lanzaron piedras contra los uniformados, causando la rotura del faro delantero de la patrullera.

Posteriormente, los miembros de la fuerza pública, con apoyo de otras dependencias, procedieron a la aprehensión de los agresores, quienes habrían cometido los diversos delitos.

Del poder de los imputados se incautaron una furgoneta, dos motocicletas, tres teléfonos celulares y documentos personales, los cuales quedaron a disposición del Ministerio Público.

Después de reunir los elementos incriminatorios, el fiscal Santander decidió imputar a las siete personas. Asimismo, solicitó al Juzgado Penal de Garantías la aplicación de la prisión preventiva, dada la gravedad de los hechos presuntamente cometidos.

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El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.