Según afirmó Wagner en su intervención durante la sesión de hoy en el Senado, el caso de la compra de helicópteros para el Ministerio Público, se trata de una persecución que se le hace a Rafael Fillizola (exministro de Interior) y a los empresarios españoles, Álvaro Lasso y Guillermo Casado, a quienes una orden judicial prohíbe abandonar Paraguay.

Los dos extranjeros están procesados por un supuesto incumplimiento de las condiciones de un contrato de compra-venta de cuatro helicópteros para el Ministerio paraguayo del Interior en 2010.

“Se imputa a empresarios por presentarse a una licitación pública (…) Corren riesgo de ser condenados a 8 años de cárcel”, declaró el senador Wagner durante una sesión ordinaria de la Cámara alta.

La empresa Proiberica ganó un concurso público y entregó en octubre de 2011 las cuatro aeronaves correspondientes, que llegaron desde Chile.

Según el exjuez español Baltasar Garzón, quien ha intervenido en el caso bajo la figura de “amicus curiae”, que habilita a una persona de prestigio a dar su opinión al tribunal, el Ministerio paraguayo del Interior hizo el pago acordado y recibió de conformidad los aparatos, actualmente en uso por la Policía Nacional.

Pero en 2012 un nuevo ministro del Interior, Carmelo Caballero, planteó ante la Fiscalía una denuncia “por incumplimiento del pliego de condiciones”, la cual “se presenta ante un fiscal de forma irregular”, según el exmagistrado español.

La Fiscalía acusó entonces a los dos ministros del Interior anteriores a Caballero, Rafael Filizzola y Carlos Filizzola, además de a ocho personas más, entre ellas los dos empresarios españoles, de incumplir supuestamente las condiciones acordadas con el Estado.

Entonces, según Garzón, los abogados defensores de los acusados se dieron cuenta de que el documento que la Fiscalía usa como base para justificar la denuncia “no corresponde con el pliego de bases que el Gobierno hizo público en su portal de contrataciones”.

Wagner reiteró que el proceso es “un atentado contra el sentido común y que el caso puede llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.