La oenegé emitió un comunicado sobre el proyecto de ley “Que obliga a proveedores de aplicaciones y redes sociales a suspender y retirar publicaciones con carácter ofensivos o difamatorio”, presentado por el diputado Edgar Ortiz.

Al respecto, indicó que esta iniciativa se suma a la lista de otras que buscan regular Internet, y así coartar las libertades que este espacio dio a las personas para informarse, expresar sus opiniones y debatir, todas acciones propias de una sociedad democrática.

Ante esto, pidió al Congreso rechazar el proyecto de ley porque amenaza la libertad de expresión y otros derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución Nacional y es contrario al interés público. Y solicitó abrir mesas permanentes de diálogo, utilizando los mecanismos de audiencias públicas, o reuniones con los diferentes actores y sectores de la población donde se discutan los temas de regulación y tecnología.

“Las posturas ofensivas, expresiones falsas u odiosas no pueden quedar impunes, pero creemos que existen mecanismos legales para perseguir hechos punibles siempre y cuando medie una orden judicial. Igualmente, es inadmisible que aquellos que quieren ejercer en política, actuaren la esfera pública, pretendan suprimir el legítimo disenso y el diálogo para así escapar de las críticas y de la auditoría social, ambas garantías constitucionalmente establecidas”, explicó.

Según el escrito, este proyecto carece garantías mínimas para justificar cualquier censura. Impone una medida desproporcionada – la remoción de contenidos de Internet – sin contemplar el debido proceso. Por ejemplo, no hace mención a la necesidad de contar con una orden judicial para remover dichos contenidos, en el marco de un proceso legal.

El proyecto de ley genera muchas preguntas: ¿Quién define qué y quién debe ser o no censurado?; ¿Cómo se califica a un comentario como “ofensivo” sin caer en subjetividades?; ¿Los políticos, las autoridades que se sientan afectadas podrán solicitar a las aplicaciones de contenidos la remoción de los contenidos en cuestión sin el debido proceso?; ¿Cuáles son los mecanismos de defensa contra posibles abusos?; ¿El contenido será censurado hasta que se identifique el perfil de la persona?; ¿Cuál es el problema que persigue este proyecto de ley, el que la persona que hace un comentario ofensivo no se pueda identificar o que se emitan comentarios ofensivos?

Además, esta propuesta legislativa pone en peligro nuestros derechos fundamentales como la libertad de expresión, la privacidad, la libertad de asociación y participación política y plural de todas las personas. Atenta, por ejemplo, contra el artículo 25 de la Constitución, que garantiza el derecho de las personas a la libre expresión de la personalidad y el pluralismo ideológico. También infringe en el derecho de las personas al anonimato, pilar para el ejercicio de la libertad de expresión.

“Este tipo de propuestas son consecuencia de cierto desconocimiento de cómo funciona la tecnología, que además se encuentra regulada (ya que muchas normativas locales son aplicables en el entorno en línea). Este tipo de propuestas reaccionarias, que surgen del desconocimiento y la impotencia de muchos legisladores, trae consigo graves problemas de acceso al conocimiento, derecho al anonimato, privacidad y libertad de expresión”, indicó Tedic.

La organización criticó también que la propuesta legislativa sanciona el anonimato en Internet. “El legislador no tiene en cuenta que el principio del anonimato es una forma de libertad de expresión”, subrayó.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.