El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) resolvió comenzar el proceso de enjuiciamiento del juez Alcides Corbeta y la fiscala Raquel Fernández por supuesto mal desempeño de funciones en el caso de homicidio de Rodrigo Quintana y el procesamiento del suboficial Gustavo Florentín.

Ayer, la agente fiscal solicitó que sea separado lo político del juicio que estaba soportando en el JEM, durante el cual ratificó que no solicitó el cruce de llamadas por no considerar necesario para la causa.

“Brindé la información que fue requerida por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en relación al homicidio de Quintana y el policía Gustavo Florentín y otros. Es en relación a la denuncia del senador Petta, relacionada a la negación de la Fiscalía en realizar el pedido de extractos de llamadas entrantes y salientes de varias personas que tuvieron comunicación el 31 de marzo con el ex comandante de la Policía Nacional, el comisario Críspulo Sotelo”, explicó.

Dijo que en la resolución fundamentó su negación del pedido del extracto de llamadas. “Allí se encuentran los fundamentos expuestos. No existe ninguna suspicacia, tampoco me presto a colectar elementos de prueba que para mi entender no tienen alguna vinculación directa con el hecho investigado”, mencionó.

Agregó que el extracto de llamadas del comisario Críspulo Sotelo ya se tenía desde un principio y todas las comunicaciones que el mismo realizó, ya sean llamadas entrantes desde su teléfono celular como las llamadas salientes y la ubicación del mismo.

Por otra parte, Óscar Germán Latorre, exfiscal general del Estado, comentó a la 970 AM que le parece bárbaro que en dicho juicio se pretenda inmiscuir el tema político. “El jurado de enjuiciamiento tiene que juzgar con el único criterio jurídico, el tema político no”, acotó.

Además, el entrevistado comentó que otra es la situación en el Parlamento, donde lo jurídico no importa, porque es un juzgamiento netamente político, tal como reza su nombre: juicio político.

“Algunos senadores hacen de la Constitución, un juego divertido, entonces confundir un enjuiciamiento de magistrado con un juicio político, es una hipótesis descabellada. Todo juicio, incluido el político, requiere respeto a las garantías que la Constitución consagra. En el Senado, lo jurídico es una cuestión accesoria. Lamentablemente en cada juicio político nos ha llevado a tener una Corte cada vez peor”, argumentó el abogado.

La constitución de la jueza de Paz fue a modo de constatar el estado de la ocupación de la vivienda, tras la denuncia hecha por Feliciana Sosa Mendoza contra su exsuegra, Ursulina de Franco, quien acompañada de al menos 12 personas se instaló en el lugar con intenciones de sacarla a la fuerza de la casa.

En declaraciones al canal GEN de Nación Media, la jueza se reservó en señalar sobre la titularidad de la vivienda, sin embargo aplicó una medida cautelar.

“La cuestión referente a quién debe habitar la vivienda, no es algo que pueda resolver yo. Lo que puede resolver un juez de Paz es si se puede mantener o no una exclusión, que implicaría de cierta manera que uno de ellos no viva en la casa”, explicó.

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Sostuvo que su tarea fue recabar todo lo necesario para una decisión final. Por otra parte, señaló que el hecho de que la expareja de la denunciante, Milciades Ramírez, haya sido su compañero en la universidad, no es un motivo de excusación.

EL CASO

“Cuando era la novia del hijo de la señora (expareja, Milciades Ramírez). Yo estaba embarazada y me dijo que no iba a usar la casa y que se iba a quedar para mí y mi nieto. Después yo me separé de su hijo y él salió de la casa. Ahí empezaron los problemas”, comentó Feliciana Sosa Mendoza, sobre la disputa por una vivienda ubicada en el asentamiento Santa Lucía de Coronel Oviedo, por el cual había abonado la suma de casi G. 5 millones a su exsuegra.

La mujer señaló que reside en la vivienda hace más de 11 años con sus dos hijos, el mayor que había tenido con su expareja y una niña de 5 años con trastorno del espectro autista, ya de otro padre.

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Al respecto, la denunciante indicó que desde hace 3 o 4 meses, su exsuegra (Ursulina de Franco) viene amenazando con quitarle la casa, a través de maltratos verbales y recurrieron a integrantes de su familia para amedrentarla.

La mujer incluso obtuvo una orden de restricción contra la señora, pero la misma fue revocada. Apenas salida la resolución, la exsuegra junto a otras 12 personas se instaló en la vivienda en disputa desde hace dos semanas.

El sistema de tormentas está previsto para el centro, sur y este de la Región Oriental, mientras que en la Región Occidental, afectará a la zona sur.

Para los departamentos de Ñeembucú, Misiones, suroeste de Itapúa, sur de Paraguarí, se prevén tormentas ya desde la mañana y hasta la tarde del miércoles.

En cuanto a Asunción, Central, centro y oeste de Itapúa, Caazapá, centro y norte de Paraguarí, Guairá, centro y sur de Pdte. Hayes, las tormentas se darán desde la tarde del miércoles y hasta la mañana del jueves.

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En Cordillera, centro y oeste Caaguazú, este de Itapúa, sur de Alto Paraná, sur y oeste de San Pedro, desde la tarde del miércoles y hasta la tarde del jueves.

Se esperan lluvias con acumulados de entre 40 y 110 mm, con ráfagas de viento en torno o superiores a 100 km/h.

También se prevé la caída de granizos en forma puntual.

Fue hallado culpable por incumplir el deber legal alimentario en favor de su hija menor. Ahora deberá pagar la suma adeudada por 50 meses.

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El hombre estaba obligado a depositar la suma de G 506.040 en la cuenta Judicial habilitada en el Banco Nacional de Fomento; lo que ocasionó que su hija viva en forma precaria y con muchas limitaciones en el ámbito económico, educativo y de salud, según argumenta el Ministerio Público.

De ahora en más, deberá estar inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, lo cual le impedirá realizar ningún trámite de bienes registrables, tampoco renovar su licencia de conducir.

Cabe recordar que, desde el 22 de abril pasado los deudores de prestación alimentaria ya no pueden registrar compraventas de terrenos, vehículos y otro tipo de propiedades, según la nueva medida de control establecida por la Corte Suprema de Justicia a través de la Dirección General de los Registros Públicos.

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