Un caso que data del 26 de noviembre del 2013 volvió a tomar estado público este martes, ante el pedido que realizó la Fiscalía al juzgado.

Según el abogado Manuel Alvarez, defensor de la parte querellante, la fiscala Nidia Fernández Cattebeke solicitó el sobreseimiento definitivo del suboficial Aldo Javier Cañete, quien fue denunciado por supuestamente colocar un teléfono celular para grabar a las mujeres en el baño del Departamento de Publicaciones de la Policía Nacional.

En contacto con la 650 AM, señaló que está denunciado por violación a la comunicación y a la intimidad. “Él coloco justo a la altura del water, de modo a tomar las partes íntimas de las mujeres. Y un día una niña, cuando fue al trabajo junto a su madre, descubrió la presencia de la cámara en el baño”, indicó.

“El hecho es sumamente grave”, comentó el abogado, al momento de lamentar el pedido de sobreseimiento que pidió el Ministerio Público al juez Julian López.

“Es una falacia decir que no existen elementos suficientes en este caso”, indicó. Sin embargo, el problema radica es que no se cuenta con el teléfono, ya que “escondió el celular en ese momento”.

Contó además que uno de los compañeros del oficial habría dicho que le compró una tarjeta de memoria para “tener mayor espacio para las imágenes”. Él ya tenía varios videos acumulados, porque cuando pillaron (las víctimas) vieron que había más videos de otras mujeres”, agregó.

El letrado indicó que posterior a revelarse el caso, el uniformado Cañete denunció el extravío de su aparato celular. “La Fiscalía tampoco pidió informes, tampoco se le tomó declaración a la víctima. Me llama la atención el actuar de la fiscala”, aseguró.

El abogado aseveró además que en un acta preparado por los uniformados, el acusado presuntamente se comprometió a no difundir las grabaciones, reconociendo de esa forma el hecho. “Él por eso luego fue trasladado hacia la zona de Capiatá, donde sigue prestando servicios”, indicó.

“ES OBRA DE DIOS”

Por su parte, la denunciante (a quien se prefiere mantener en el anonimato) dijo que su hija siempre iba a su trabajo al salir de sus estudios. “Quedaba conmigo una hora, hasta que yo me retirara. Ese fue el privilegio que yo siempre tuve por parte de los superiores”, contó.

La mujer relató que el 26 de noviembre su hija no tuvo clases, por lo que decidió no dejarla sola en su casa y llevarla a su trabajo. “Ese día ingresamos varias veces al sanitario, yo siempre le acompañé. Eran las 11:50 aproximadamente y nos fuimos al baño a prepararnos para retirarnos, y en ese trayecto se nos adelanta este señor (por Aldo Javier Cañete) e ingresa él primeramente. Luego entró mi hija y al no salir, yo entré y le vi llorando con el celular en la mano”, comentó.

Siguió relatando que en ese momento no sabía qué acontecía, ya que vio en las imágenes a ella y luego a su hija ingresando al baño y bajarse la ropa. Añadió que “en ese momento el suboficial corre y le saca bruscamente el celular, produciendo un arañazo en el dedo, y corre a su oficina donde manipula su teléfono. Yo me voy detrás de él y le digo: ‘¿Qué hiciste?, ¿por qué hiciste eso? Y él me responde: ‘Yo no hice nada, vos estás loca’. En ese momento yo corro junto a la sub jefa del departamento Zunilda Escobar y le informo de lo que pasó. Era el segundo día que ella estaba ocupando el cargo”.

La madre indicó a radio UNO que Escobar le habría dicho que iba a ir presa por llevar a su hija a su trabajo. “Yo me asusté en ese momento. No sabía mis derechos”, recordó.

Al ser convocado el uniformado, este habría confesado el delito cuando la denunciante (tal como ella contó) dijo que tenía contactos en las telefonías que podían conseguir los datos del celular. “Yo creo que él se vio acorralado, y dice: ‘Sí, señora, yo hice eso’. Admite frente a ella (la sub jefa)”.

Aseveró que luego Escobar pidió esperar al jefe de la sección, comisario Juan Riveros. Este “no le dio la mayor importancia. Él me habló de Dios, que Dios está obrando de esta manera para que yo me acerque a él y le perdone (a su subalterno)”.

“Yo siento que le violó a mi hija, le vi a mi hija en ropa interior. Yo quiero que él pague. Mi hija también me confiesa que el suboficial le había rozado el pecho días antes del caso. Ella ya no quería irse más a mi trabajo, yo antes no sabía qué pasaba”, dijo muy conmocionada.

NOTA DE REDACCIÓN: El medio periodístico intentó comunicarse en repetidas ocasiones con la fiscala Fernández para que dé a conocer su versión, sin embargo no atendió las llamadas telefónicas.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.