En ese sentido, la experta expuso mediante su cuenta de Twitter que dado el nivel de la crisis, la propuesta pudo haber sido más ambiciosa y sobre todo asegurarse el impacto positivo superando la visión “emergencial”, y aprovechar así el esfuerzo para iniciar cambios estructurales.

“Tenemos todos los instrumentos para implementar medidas que impacten pero hay que ampliar su cobertura. Se requiere reasignar recursos ineficientes hacia políticas más eficientes y evitar que en lugar de mitigar profundicemos los problemas estructurales que tenemos. Deberíamos aprovechar la oportunidad de implementar medidas de corto plazo o de emergencia que inicien una reforma estructural, como en el caso de la necesaria transición energética”, esgrimió.

Sobre la pensión alimentaria anunciada por el Gobierno, con 15.000 nuevos titulares, Serafini refirió que hay 150.000 personas de 60 años o más en situación de pobreza y otros 150.000 cerca de caer en esa situación solo por efecto de la inflación.

“Tekoporá no cubre ni a la mitad de los niños y niñas que están en situación de pobreza. Las evaluaciones de Tekoporá muestran que mejora su alimentación y la permanencia en la escuela. El plan no menciona a PANI ni a almuerzo escolar cuyas coberturas también son mínimas. Estos 4 programas son fundamentales para mitigar parte de la crisis alimentaria”, señaló.

Así también resaltó que no hay mención a salud en una crisis sanitaria y que contribuye a la crisis económica de los hogares por el gasto de bolsillo y el endeudamiento que significa.

Tampoco hay mención a la recuperación económica de las mujeres que aún no se recuperaron de la crisis de la pandemia y son jefas del 40% de los hogares. Un plan económico sin enfoque de género pierde eficiencia a nivel macro e impacto a nivel micro, según su parecer.

En el caso de las obras, expuso que la construcción de viviendas tiene mayor efecto multiplicador que el resto de las obras, pero que a pesar de la inversión pública en obras, las estadísticas laborales no mejoraron en los años anteriores a la pandemia. Los ingresos laborales reales son los mismos que una década atrás y empezaron a caer en 2015, en pleno auge de obras públicas y de endeudamiento.

“Es insostenible seguir endeudándonos en obras que no generan retorno ni siquiera en tributos para pagar la deuda”, tuiteó.

Respecto al apoyo a la agricultura familiar, la economista sostuvo que el MAG tiene una cobertura de 60.000 fincas y en forma fragmentada de un total de 200.000 fincas, cuando en la práctica necesitamos producir alimentos para 7.000.000 de habitantes y estamos produciendo entre 20% y 45% de la demanda según el rubro.

Es fundamental también, según subrayó, la producción de insumos para cadenas alimentarias intensivas en trabajo y con alto efecto multiplicador en el desarrollo local. Muchas de ellas exportadoras y generadoras de divisas.

Consideró que la inflación actual es por el lado de la oferta y por ello necesitamos producir alimentos sanos y a precios justos para mantener la capacidad adquisitiva de los ingresos de trabajadores/as, atendiendo a que 26% del gasto familiar es en alimentos y mobilidad.

En movilidad se mantiene la política actual de subsidiar transporte público y reducir impuestos a un modelo de negocios que no es competitivo. “Profundizamos la ineficiencia del sistema y mala calidad. 2.000.000 de personas se mueven en solo dos núcleos urbanos del país. El problema no es solo el costo sino la baja calidad. Se pierden empleos y productividad manteniendo la situación actual”, resaltó.

Serafini argumentó que en lugar de reducir impuestos en un país de mayor aumento el precio de combustibles en la región, hay que destinar esos recursos a la reforma y electrificación del transporte público, al subsidio a la demanda (directo a la tarjeta Jaha-MAS), y a la ampliación de la tarifa social de la ANDE.

Hasta ahora continúa el endeudamiento de los hogares y las MPYMES. Según su apreciación, hay buenos programas de apoyo a las MPYMES pero que son de mínima cobertura. Cada crédito otorgado a una MPYME debe ir acompañado de un apoyo para el aumento de la productividad y formalización de sus trabajadores, según se explayó.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.