Rosa Palau, directora del “Archivo del Terror”, ubicado en el Museo de la Memoria de Asunción, declaró hoy durante tres horas ante el Tribunal Oral Federal número 1 de Buenos Aires, que juzga al exdictador argentino Reynaldo Bignone, entre otros 21 imputados, informó a Efe el fiscal general Pablo Ouviña.

Palau fue llamada a declarar por su relación con este archivo, que contiene documentos policiales sobre la larga dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) que, según Palau, dejó al menos 120.000 desaparecidos en un país que, entonces, tenía una población de 3,5 millones de personas.

“Pedí que el tribunal requiriera la totalidad del Archivo del Terror para nuestra investigación y el tribunal se constituyera en Paraguay a los efectos de diligenciar la remisión y la entrega de los documentos”, especificó Ouviña.

El fiscal argentino destacó la importancia del juicio para las víctimas paraguayas debido a que en el país vecino “no existe ninguna investigación global ni de todos los crímenes cometidos en la época stronista ni específicamente de la participación de Paraguay en la operación Cóndor”.

En el juicio, que comenzó en marzo de 2013, han declarado hasta el momento 188 testigos, en relación con víctimas argentinas, uruguayas y chilenas, y se prevé que cerca de un centenar ofrezcan su testimonio por los crímenes cometidos contra ciudadanos paraguayos.

Además de Bignone, el tribunal también juzga al exgeneral Luciano Benjamín Menéndez, que acumula siete condenas por cadena perpetua, y los exoficiales Eduardo Samuel de Lío, Santiago Riveros, Ramón Díaz Bessone, Miguel Ángel Furci y Antonio Vañek.

Están acusados de asociación ilícita con las distintas dictaduras suramericanas para detener y hacer desaparecer a opositores políticos.

El único extranjero entre los 25 imputados es el militar uruguayo Manuel Cordero, que fue extraditado desde Brasil y está acusado de privación ilegítima de libertad.

El “Plan Cóndor” u “Operación Cóndor” fue implementado por las dictaduras de Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia, Perú, Ecuador y Paraguay a partir de mitad de la década de los 70 para compartir información, perseguir, asesinar, desaparecer o deportar a disidentes fuera de sus países.

Las primeras pruebas concretas de la “Operación Cóndor” aparecieron en 1992, cuando se descubrieron informes secretos en dependencias del gobierno paraguayo.

En los conocidos como “Archivos del terror” constaba la autorización a miembros de las fuerzas armadas y a paramilitares a cruzar sus fronteras nacionales para secuestrar, torturar o asesinar a sus conciudadanos refugiados en los países vecinos.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

Es noticia hoy: Papa designa a nuevo representante de la Santa Sede en Paraguay

En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

Nota relacionada: Importante anuncio desde la Cámara de Diputados

Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

Lea también: Sistema de tormentas para esta mañana y el sábado

En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

Nota relacionada: Dakovo, la trama del mayor operativo contra el armatráfico

Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

Leé también: “Esas armas fueron vendidas legalmente”: Diego Dirisio habló desde la clandestinidad

El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.