Sobre el plan de gestión tributaria cuya licitación fue elaborada por el ahora exjefe de Gabinete, Max Rejalaga e impulsada por el intendente Ferreiro y sus concejales, el edil capitalino Orlando Fiorotto (ANR) dijo que no es la mejor salida e insta a la Comuna a buscar el mecanismo legal y constitucional para aumentar las recaudaciones del municipio.

“El sistema de gestión tributaria planteado por la Intendencia es inconstitucional”, dijo el concejal quien citó el artículo 166 la Ley Orgánica Municipal donde se establece la autonomía administrativa, política y normativa, así como la autarquía de las municipalidades en la recaudación e inversión de sus recursos.

Explicó que el municipio no dispone de norma alguna que autorice la facultad de delegar, concesionar, transferir o tercerizar el cobro de tributos, porque en el artículo 51 de la ley, donde se establece la administración de bienes municipales, se establece que la recaudación y la inversión como deberes y obligaciones del intendente.

Dijo que para mejorar la recaudación, en lugar re de recurrir a un mecanismo inconstitucional, se puede invertir en la modernización del sistema informático y en el relevamiento de la información catastral de la ciudad. En caso de que la Intendencia no tenga dinero para las modificaciones, sugirió optar por un crédito o recurrir a la emisión de bonos.

Recordó que Ferreiro, según el artículo 51 de la ley orgánica, esta facultado a resignar funciones a trabajadores acreditados, con capacidad suficiente y demostrada para las modificaciones del sistema informático y de la actualización de los planos de la ciudad.

Instó al intendente a actuar con transparencia y honestidad para designar a los funcionarios, con “conducta intachable”, para ocupar espacios administrativos en la Dirección de Recaudaciones.

“El municipio está obligado a realizar una campaña de concienciación para motivar a los contribuyentes morosos a cumplir con sus obligaciones”, sostuvo el concejal capitalino.

Al respecto, la concejala Rossana Rolón (ANR) explicó también que el plan de gestión tributaria podría provocar embargos de propiedades en Asunción, ya que la empresa tendrá el fin único de aumentar la recaudación de la Comuna.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.