La reunión del consejo de ministros realizada el 2 de octubre en el Palacio de López, tuvo como foco de atención a las declaraciones del ministro de Justicia, Ángel Barchini, quien hablaba de la situación penitenciaria y de lo que planeaba para retomar el control.

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Estoy en una situación de extrema gravedad en la seguridad, le pedí a la ministra Lea que me dé la seguridad personal en donde, lo que yo hable por lo menos no se filtre en las penitenciarías”, dijo en la ocasión Barchini, en la sesión que era transmitida en vivo.

Pero lo más importante que mencionaba y que, posteriormente desató las reacciones violentas del clan Rotela, era un plan para recuperar el control en Tacumbú y que tendrá costos en vidas humanas y requerirá absoluta confidencialidad e inteligencia.

Esa misma noche se movilizaron internos y sus familiares, por temor al plan anunciado por Barchini que podría costar vidas. No obstante, la situación fue controlada.

El 10 de octubre, días después del anuncio, los internos tomaron de rehenes a 10 guardias y fueron acompañados por 30 mujeres que había ingresado la noche anterior a las visitas privadas.

La tensión continuó hasta el día siguiente (11/10/2023) y dejó como saldo dos policías heridos. En la ocasión, el presidente Santiago Peña había calificado el hecho como un enfrentamiento entre la delincuencia y el Estado.

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También el mismo día, legisladores de la oposición solicitaban la interpelación del ministro de Justicia, Ángel Barchini, bajo el argumento de que no se presentó a dar la cara en Tacumbú, exigencia que fue hecha por los criminales del clan Rotela.

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En los días siguientes, desde el 15 de octubre en adelante, los agentes penitenciarios iniciaron una medida de fuerza, exigiendo una serie de reivindicaciones y garantías para trabajar, incluyendo lo que pedía el clan Rotela, la reapertura a nuevos ingresos. La huelga concluyó el 31 de octubre, tras un acuerdo con el Gobierno.

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El 13 de diciembre pasado se llevó a cabo una requisa en la que se incautaron estoques, drogas, armas y hasta gallos, supuestamente utilizados para riñas.

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Finalmente, esta madrugada comenzó la incursión que denominada Operación Beratio: recuperación integral del control institucional del penal de Tacumbú y, no se detendrá hasta cumplir su objetivo, según anunciaron desde el Ministerio de Justicia. El procedimiento continúa en curso y se prevé trasladar a cerca de mil internos, entre ellos, el líder del Clan Rotela. Hasta ahora tres policías resultaron heridos.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.