En una de las conversaciones hablan de “limpiar” la situa­ción por la que atraviesan las instituciones en cuestión y con base en esto mencionan que el actual asesor anticorrup­ción de la Presidencia, Carlos Arregui, estaría ayudando a la ministra con la auditoría. Además, mencionan que cuen­tan con el apoyo de otra impor­tante autoridad nacional.

A pesar de que el SNPP y Sina­focal son instituciones inde­pendientes que cuentan con sus propias autoridades, Baci­galupo, en carácter de minis­tra y por encima de lo que establecen las leyes, se auto­designó la administración de ambos entes, restando auto­ridad a los directores nom­brados por el Ejecutivo. Por lo tanto, las irregularidades que pudieran ser comproba­das por la Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE) serían directamente respon­sabilidad de Bacigalupo.

“Me fui el viernes junto al ministro Ullón, tenemos todo su apoyo. Hay que apurar nomás porque Carlos Arregui ayudará a la jefa con el tema de auditoría, pero hay que presionar con nuestro tema para limpiar todo”, señala una parte de las conversaciones.

Nos reservamos los datos de los denunciantes a pedido de los mismos.

PRESIONAN A FUNCIONARIOS PARA APOYAR A MINISTRA

La semana pasada, funciona­rios del SNPP denunciaron que estaban siendo presio­nados para firmar un docu­mento en apoyo a la gestión de la ministra Carla Baci­galupo. La orden aparente­mente fue que los directores de las distintas filiales elabo­ren una nota y que la hagan firmar a todos los instructo­res. Sin embargo, en su gran mayoría se negaron a firmar el documento porque, según señalan, ya están “hartos” de las arbitrariedades cometi­das por Bacigalupo.

Aparentemente la minis­tra estaría desesperada ante los fuertes rumores de su destitución y es por eso que estaría buscando la forma de revertir un posible reemplazo.

En la conversación de What­sApp mencionan esta situa­ción e incluso hablan de una “orden” para operar en con­tra de la actual directora del SNPP, Addis Merlo, cuyo cargo está siendo usurpado por Bacigalupo. “Yo ya ordené que se envíe la nota de apoyo a la ministra y bajarle la caña a Addis”, señala.

En febrero de este año, Carla Bacigalupo ya fue denun­ciada ante la Fiscalía por lesión de confianza, estafa, usurpación de funciones y asociación criminal; sin embargo, hasta la fecha no se abrió una investigación al respecto.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.