FUENTE: La Caja Negra

Una multitud de quejas se registró el miércoles pasado a raíz de las viviendas que no fueron visitadas por los censistas durante esa jornada. La ciudadanía hizo de su parte y cumplió con la premisa de quedarse en la casa hasta las 18:00 horas, tiempo límite establecido para que los voluntarios pasen a recabar los datos; sin embargo, una vez culminado el plazo, numerosas casas seguían sin ser visitadas.

Desde el Gobierno salieron a reconocer que ese día hubo un bajo porcentaje de cobertura (solo del 73% en Asunción, Central y Ciudad del Este, donde se concentra la mayor densidad poblacional) y culparon de ello a los censistas desertores. De acuerdo con los datos manejados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), unos 20.000 inscriptos no se presentaron. Como medida paliativa, se dio inicio a una etapa de recuperación de las viviendas no alcanzadas, labor que ahora ya está a cargo de los funcionarios del INE.

El elevado número de desertores hizo lugar a cuestionamientos hacia las autoridades que no garantizaron las medidas para evitar un abandono tan importante y tampoco previeron sustituir a los faltantes en su totalidad.

El grado de improvisación fue tal, que muchos censistas tuvieron que visitar más casas de lo previsto e incluso los supervisores se encargaron de hacer ese trabajo, tal como expuso la voluntaria Lidia Graciela. La joven relató a través de las redes sociales que muchos tuvieron que hacer doble trabajo en Ypané, ya que algunos censistas no se presentaron y otros censaban a medias; todo eso sin recibir respuestas de los jefes de la zona.

PLANILLA CONFIRMA MATUFIADA

Justamente, de acuerdo a una planilla acercada al equipo de La Caja Negra por una fuente cuya identidad se reserva, para esa zona de Central y las ciudades aledañas se previeron unos 3.000 censistas. Sin embargo, de esa cantidad, solo unos 500 trabajaron el día del Censo.

Un aspecto que llama la atención es que en la lista de los censistas figuran personas –muchas de ellas vecinas- oriundas de Hernandarias, Ciudad del Este, Cordillera, San Pedro, Caaguazú e incluso Alto Paraguay, cuando desde el primer momento se proyectó que los voluntarios que iban a censar pertenezcan a la zona donde les tocaba hacer la labor. Entonces, ¿por qué las personas del interior del país se anotaron para Central, siendo que ni siquiera hubo movilidad ese día y tampoco compensaba el pago previsto?

Esta es la planilla al cual accedió el equipo de “La caja negra” en la que figuran voluntarios de otros departamentos y que serían nombres utilizados por coordinadores del departamento Central para quedarse con los viáticos de la jornada.

La presunción que se tiene es que aparentemente los coordinadores encargados de reclutar gente, prometían a las personas G. 50.000 a cada una por figurar en la planilla, y así el coordinador se llevaba el restante 50.000, de los G. 100.000 a pagarse por el trabajo de voluntariado. Fue así que muchos no aparecieron en el día del Censo ante la promesa que iban a recibir 50.000 guaraníes cada uno. De constatarse la denuncia, solo en el caso de los 3.000 censistas para Ypané y alrededores, se habla de un monto de 150 millones de guaraníes que se embolsaron solo los reclutadores, y los otros 150 millones de guaraníes, los inscriptos.

La fuente reveló además que haciendo una consulta rápida a las personas que figuran en la planilla, muchas de ellas reconocieron que no se presentaron al censo y que esperaban el pago prometido por el uso de sus datos.

El temor que existe ahora es que los coordinadores hayan completado los cuestionarios del censo a ojímetro para así retirar el viático. Esta desconfianza surge especialmente por la improvisación y corrupción que marcaron la jornada del censo en Paraguay y la tarea que tuvieron que hacer los supervisores como censistas, mermando sus funciones propias de control.

Mientras el país estaba encerrado aguardando la jornada del censo, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, se mandó mudar a Alemania.

Todo esto habría ocurrido en ausencia de la cabeza del país, ya que el presidente Mario Abdo Benítez optó por viajar a Europa antes que quedarse en Paraguay durante la realización del Censo Nacional 2022.

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CÓMO SE GASTARON LOS MILLONES

El Instituto Nacional de Estadística (INE) dice que hasta el momento se ejecutó el 42% de los 43 millones que fueron destinados al Censo Nacional, mediante un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), es decir se invirtió alrededor de US$ 18 millones para la recolección de los datos.

Al hacer un desglose de esa cifra, se detalla que US$ 7.262.479 fueron transferidos al sector externo para el pago a censistas, US$ 4.406.982 fueron para el servicio del personal, US$ 1.422.779 para bienes de consumo e insumos, US$ 1.804.025 para imprenta, seguro, publicidad y comunicación, US$ 1.599.589 para equipos y herramientas, US$ 1.301.814 para pasajes y viáticos, US$ 262.646 en alquileres, y US$ 872 para el pago de los servicios básicos (luz, agua y teléfono).

En este caso, se debe confiar ciegamente en las cifras que brinda el propio Gobierno, en atención a que las adquisiciones de insumos, consultoría y otros, que hizo el INE para el Censo, por valor de G. 44 mil millones, no pasaron por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Esta falta de control se dio porque se usó el fondo del BID y por ello las inversiones se hicieron bajo las normas de ese organismo internacional que otorgó el crédito, lejos del control local.

Al respecto, el director de Contrataciones Públicas, Pablo Seitz, explicó que las licitaciones realizadas con los fondos del BID figuran en el portal de Contrataciones pero que esto es más bien de manera informativa, ya que la dirección a su cargo no formó parte del proceso de planeamiento ni adjudicación.

Por ejemplo, el INE efectuó la compra de 288.000 tapabocas por 316 millones de guaraníes en septiembre de este año para el censo. Este llamado aparece en el portal de Contrataciones como que aún no está adjudicado, cuando en la práctica sí ya lo fue. En ese sentido Seitz aclaró que se rige por las normas del BID y que un tratado internacional tiene una prelación superior, por lo que el único órgano de control que puede intervenir en este caso es la Contraloría General de la República.

Llama la atención que se hayan comprado miles de mascarillas luego de que el Gobierno pusiera fin al uso obligatorio de las mismas, además se suma que los propios censistas no utilizaron los tapabocas durante sus recorridos. Otro punto sospechoso es que el INE haya adquirido productos de limpieza (jabón en pan, limpiavidrio, ácido muriático, virulana, creolina y ácido para destrancar cañería) por más de G. 300 millones bajo la excusa del censo.

USO DISCRECIONAL DE FONDOS DESPIERTA DUDAS

El Gobierno de Mario Abdo Benítez consiguió un importante crédito para la realización del censo. En noviembre del año pasado, el Congreso Nacional aprobó el préstamo de US$ 43 millones, cifra que se suma al millonario endeudamiento del país.

A raíz de la fallida jornada censal, en el Parlamento surgieron dudas referente a cómo se destinó el dinero aprobado. El manejo de semejante volumen de dinero, justo en tiempos electorales, desató mucha suspicacia. Uno de los actores políticos que salieron a cuestionar fue el senador liberal Blas Llano, quien preguntó cómo se garantiza que los recursos se hayan destinado para el objetivo que se previó inicialmente y para lo cual el país se endeudó.

Ante esa duda, el legislador presentó el jueves pasado un proyecto de Resolución que encomienda a la Contraloría General de la República a efectuar auditorías financieras y de gestión sobre el uso de los recursos destinados para la realización del censo nacional. Su planteamiento tuvo el acompañamiento de sus colegas.

Así también, el Senado convocó ayer al titular del INE, Iván Ojeda, para escuchar sus explicaciones sobre cómo se invierte cada centavo de la cantidad de plata presupuestada y los resultados obtenidos.

Por otro lado, los diputados ya presentaron un pedido de interpelación de Iván Ojeda por el fiasco del censo.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.