El diputado liberal Víctor Ríos, en charla telefónica con la 650 AM, reconoció que todavía no analizaron en la bancada del PLRA de la Cámara Baja la situación de ministro Alberto Ramírez Zambonini. “Nosotros estamos más concentrados en el Presupuesto General de la Nación”, añadió.

Dijo desconocer que referentes de su partido político hayan bajado el pulgar al ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral (PLRA). “El directorio no se manifestó formalmente, para hablar de un retiro de apoyo tenemos que tener una decisión del directorio, pero cada parlamentario puede retirar su apoyo de forma individual. Leí por ahí que al parecer algunos plantearían el juicio político”, sostuvo.

El congresista recordó que en el pasado llegó a promover un juicio político contra el citado, pero que “murió el proceso en la Cámara de Senadores”. “Para mí Ramirez Zambonini no es ninguna pelota tata”, añadió Ríos.

Por otra parte, al ser consultado sobre si ahora corresponde un enjuiciamiento por la gran cantidad de planilleros en el ente electoral, respondió: “Vamos a suponer que va a ser responsable, pero no va a ser el único responsable de la situación, porque no es el ordenador de gastos. Hay que revisar toda la institución, ver toda la problemática”.

El parlamentario liberal dijo que es preocupante lo denunciado, porque el TSJE tiene a cargo la organización y el juzgamiento de los comicios electorales. “Esta situación a mi me duele muchísimo”, añadió.

“No se puede convertir a Zambonini como el único ogro responsable. Son tres miembros, hay toda una estructura administrativa que funciona hace mucho tiempo”, reiteró en otro momento.

El diputado liberal Juan Félix Bogado Tatter pidió semanas atrás que el posible juicio político sea analizado después de que culmine el proceso de las municipales. Además solicitó en ese entonces que el tema no sea discutido en base a razones político-partidarias.

De acuerdo a las informaciones recabadas, Ramírez Zambonini benefició a su asesor Manuel Rádice con múltiples nombramientos. De la institución ya fueron desvinculados más de 300 funcionarios que no cumplían horario laboral, pero cobraban sus sueldos mensualmente.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.