Un ciudadano, de nombre Mario Gamarra, denunció al canal C9N que el día sábado efectivos policiales abordaron el bus en el que viajaba y lo obligaron a descender tras verificar que supuestamente tenía en su contra una orden de captura.

Una vez en la Comisaría 1era de San Lorenzo, los uniformados empezaron a interrogarlo -según afirma- con intenciones de “complicarlo”, basados en el problema que tuvo tiempo atrás con la justicia y que ya había sido solucionado en su momento.

Posteriormente, pidió permiso para ir al baño y al salir, uno de los agentes lo acusó de haberse deshecho de un paquete de marihuana cuando fue al sanitario, lo cual negó enfáticamente. Por ello, los acusa de haberle plantado la droga.

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La cosa fue agravándose cuando uno de los policías le dijo que para “borrar” sus datos del sistema informático de la Policía debía pagar la suma de G. 1.000.000, además de entre 1.500.000 a 2.000.000 que iban para el comisario, comentó Gamarra.

Tras cerca de 5 horas recluido en el calabozo, decidieron mandarlo a la comisaría de Limpio. Una vez allí, pidió ayuda a un oficial para que revise su caso, a lo que éste verifica una vez más el sistema y constata que, efectivamente, no tenía ninguna orden de captura ni causa pendiente, por lo que solo hubo un error.

Fue así como Gamarra pudo recuperar su libertad, a lo que decide ir nuevamente a la Comisaría 1era de San Lorenzo para recuperar sus pertenencias que le habían quitado al momento de ser detenido.

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El comisario se sorprendió al ver al denunciante en libertad y le mencionó que sus cosas fueron llevadas en la patrullera por otro uniformado, lo cual terminó siendo mentira -sostiene- ya que al regresar a la comisaría, quien iba al mando del móvil policial le dijo que “no sabían nada”.

Además de la extorsión y la plantación de droga -práctica común en filas policiales-, el denunciante también reclama la desaparición de sus pertenencias, consistente en dos bolsas cargadas de mercaderías que había adquirido.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.