Actualmente se encuentra en instancias del Congreso Nacional el proyecto de ley “De la Función Pública y la Carrera del Servicio Civil”, que propone una serie de cambios a la actual Ley 1626/00 “De la Función Pública”.

Dicha normativa tendrá vigencia en todas las instituciones de la administración central, entidades de la administración descentralizada y también en las diferentes municipalidades.

Como parte de esta ley se contempla la creación de una Subsecretaría de Estado de la Función Pública, que funcionará como órgano rector de control y aplicación. Entre sus atribuciones se encuentra la de planificar la cantidad y el perfil del personal que deberá ser contratado en cada institución, a fin de establecer nuevos cargos en caso de necesidad.

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El propósito principal, además de formalizar la actividad en la función pública, es racionalizar el gasto público evitando la masiva incorporación de nuevos funcionarios, además de garantizar el adecuado funcionamiento de las instituciones con la cantidad justa de personal operativo.

Igualmente, se prevé que los salarios en la función pública sean fijados teniendo como criterios la competitividad, la equidad y responsabilidad fiscal, el cálculo salarial técnico, entre otros aspectos.

Con la nueva Ley de la Función Pública y la carrera del Servicio Civil, todos los funcionarios públicos tendrán la posibilidad de someterse a evaluaciones cada tres años para poder ascender de cargo, lo cual también redundará en una mejora salarial.

Dentro de la ley se contempla la figura del personal contratado (que ejercerán funciones temporales y podrán tener vínculos laborales por un plazo de hasta 2 años), el personal de confianza (funcionarios de libre disposición cuyas remuneraciones se determinarán conforme a la escala salarial y estarán sujetos a las obligaciones de la normativa), los funcionarios de carrera del servicio civil (quienes ejercerán funciones permanentes en calidad de nombrados).

Una de las principales novedades tiene que ver con la modalidad de ingreso a la función pública. Con la nueva ley, se pretende que todos los funcionarios tengan como única opción el concurso público de oposición. Los nombramientos que sean realizados sin previo concurso o en virtud de un proceso adulterado serán declarados nulos.

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Tras haberse concluido el periodo de prueba, el nuevo funcionario público será sometido al llamado “periodo de evaluación”, durante el cual deberá cumplir los requisitos previstos para alcanzar la estabilidad en la carrera.

Los nombramientos tendrán un carácter provisorio. En este caso, los primeros seis meses corresponderán al periodo de prueba, tiempo durante el que el funcionario será capacitado y tendrá supervisión. En este plazo, la máxima autoridad podrá decidir unilateralmente la finalización del vínculo laboral, para lo cual deberá existir una motivación justificada.

Los funcionarios públicos no podrán ser desvinculados sin una justa causa y un sumario previo por parte de la institución a la que pertenezcan. Quienes ya hayan adquirido la estabilidad tendrán derecho a ser ascendidos o promovidos según los procedimientos establecidos en la ley, teniendo que haber cumplido al menos cuatro años de servicio.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.