Las personas beneficiarias reciben el equivalente a un cuarto del salario mínimo, G. 572.331, destinados a cubrir sus necesidades más básicas cotidianas.

A pesar de ser un beneficio acotado a personas de 65 años y más, la pensión alimentaria mostró un rol de contención de la pobreza extrema y total para el total de la población del país.

La reciente publicación de resultados de la Encuesta Permanente de Hogares 2021 evidenció el efecto de la pensión en la población total y la incidencia de la pobreza.

En términos relativos, el efecto en la pobreza extrema total es aún más importante. Sin la pensión alimentaria, el 4,9% de la población de Paraguay no alcanzaría ingresos mínimos para la adquisición de una canasta de alimentos. Con la pensión, ese valor de contuvo al 3,9% (figura 2).

En otras palabras, sin la pensión, la pobreza extrema se hubiera expandido un 25% respecto de su valor real u observado.

Más allá del efecto general de la pensión alimentaria en la población total, su impacto debe ser destacado respecto de la población hacia la cual está destinado el beneficio: quienes tienen 65 años y más.

Con el mismo procedimiento aplicado con el INE, es posible observar que, con la pensión, el nivel de la pobreza extrema en la población de 65 años y más es casi inexistente (1,2%), magnitud estadística que es tan pequeña que es inasible estadísticamente.

En tanto que la pobreza total alcanza al 19,1%. Si no existiera la pensión, la pobreza extrema alcanzaría al 6,4% de la población de 65 años y más; y la pobreza alcanzaría al 30,8%.

La incidencia de la pobreza total y extrema sin la pensión se ubicaría incluso en niveles aún mayores a los de la población general.

En conclusión, la pensión alimentaria no solo cumple un rol de protección económica en las franjas más desfavorecidas de la población adulta mayor, sino que también contribuye en las políticas públicas de contención de la pobreza, en una coyuntura condicionada por factores externos, como la pandemia y los precios de alimentos y bienes esenciales.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.