Pobreza rural y cinturones de pobres urbanos, lastres de la buena tarea macroeconómica

Foto: Cancillería (Gentileza).

El Gobierno Nacional y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), sellaron este jueves varios acuerdos de cooperación técnica con el objetivo de reducir la pobreza rural y de las comunidades indígenas, y frenar su migración a las ciudades.

Se trata, en concreto, de tres proyectos de asistencia técnica que la FAO dará a las instituciones de nuestro país para la elaboración de políticas públicas dirigidas a esos colectivos y mejorar la articulación entre las diferentes instituciones involucradas en la implementación de planes sociales.

El canciller nacional, Luis Alberto Castiglioni, signatario de los acuerdos junto al representante en Paraguay de la FAO, Jorge Mesa, aseguró tras el acto de firma, en la sede de su Ministerio, que servirán para “aumentar nuestras capacidades para enfrentar el desafío de la reducción de la pobreza extrema y la pobreza”.

Según la última estimación de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (Dgeec), un 26,4 % de la población paraguaya vivía en 2017 en situación de pobreza, mientras que un 4,41 % sufría pobreza extrema, mientras que en el área rural la pobreza alcanzó al 36,22 % de la población, y la pobreza extrema al 8,97 %.

En el caso de las comunidades indígenas, en las que se calcula que habitan unas 120.000 personas de los más de 6 millones de habitantes que tiene Paraguay, el 76 % vive en situación de pobreza extrema.

En ese sentido, Castiglioni señaló que la disminución de la pobreza rural e indígena es “uno de los grandes desafíos” del país, y contribuiría a reducir la “migración del campo a la ciudad”, con la elaboración de “programas más consistentes de inclusión” que permitan a las familias “desarrollarse dignamente aprovechando las potencialidades de nuestro campo”.

Así, uno de los acuerdos contribuirá con el proceso de elaboración del Plan Nacional de Pueblos Indígenas (PNPI), mientras que otro colaborará en la coordinación de las diferentes instituciones encargadas de desarrollar e implementar políticas públicas para favorecer la “inclusión productiva rural”.

El último busca mejorar la eficiencia de “respuesta rápida” del Estado a situaciones de emergencia agrícola, a través de “metodologías de buena gobernanza” e “instrumentos de gestión de información agroclimática”, con miras a la adaptación al cambio climático.

El representante de la FAO remarcó que dichos acuerdos se enmarcan en la Agenda 2030 de Naciones Unidas que establece los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y afirmó que “es posible erradicar el hambre para 2030”, a través de una “combinación de inversiones en agricultura sostenible, desarrollo rural, inclusión productiva y laboral y medidas de protección social”.

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Pensión alimentaria cubre al 55,4% de los adultos mayores 

Foto: archivo.

Al cierre de este año, un total de 310.609 personas reciben la pensión alimentaria, representando al 55,4% de la población de 65 años y más estimada para diciembre de 2023, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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Anuncian concurso para 50 cargos en Diputados e investigación de planillerismo

Raúl Latorre, presidente de la Cámara de Diputados.

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, anunció un llamado a concurso de méritos para la contratación de 50 personas. Además, una investigación de los casos de planillerismo. No se tomará ninguna medida con la designación de los “hijos de”, alegando que los nombramientos no representan una forma de nepotismo.

En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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Oficializan entrega de armas incautadas en Operativo Dakovo a la Policía Nacional

Miles de armas incautadas en el Operativo Dakovo fueron entregadas a la Policía Nacional. Foto: SENAD.

Las más de 2.000 armas de fuego incautadas en el marco del Operativo Dakovo fueron entregadas este viernes a la Policía Nacional, a fin de reforzar el combate a los criminales.

En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.

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