Durante la entrevista con el programa Fuego Cruzado emitido por GEN, el sociólogo José Duarte habló sobre las expectativas que genera el próximo gobierno de Santiago Peña por la política económica a implementar y también la política social, el cual ha sido uno de sus ejes de campaña principal.

Uno de sus objetivos de Peña será imprimir una nueva dinámica, teniendo asuntos prioritarios en la agenda como la convergencia del déficit fiscal a las metas anteriores previo a la pandemia. A la par, existen otros desafíos que responden a exigencias y demandas ciudadanas como la salud, la educación, el transporte público.

“La gran pregunta es si estas inversiones que requiere el gobierno para responder a estas demandas van a poder ser viabilizadas únicamente mediante una política exterior de recorte o de racionalización del gasto público o si a la larga será necesarias reformas mayores para dar viabilidad a las promesas”, añadió.

Por su parte, Esteban Caballero habló sobre la promesa de Santiago Peña de generar 500.000 empleos durante su gobierno, lo cual se dará mediante un aumento de la inversión privada, tanto nacional como extranjera. Sobre el punto, resaltó la importancia de la estabilidad macroeconómica y la salud fiscal de Paraguay, que son dos elementos que están relacionados entre sí.

Para el aumento de las inversiones existen otros elementos que son los que tienen que ver con la calidad de los servicios públicos y con el capital humano, aspectos sobre los que el nuevo gobierno debería poner énfasis para resolver los problemas existentes, mencionó, ya sea invirtiendo en infraestructura y otras mejoras.

A su criterio, la cifra de 500.000 empleos podría ir bajando, lo cual puede crear eventualmente un problema político para Santiago Peña, sobre todo si se compara el sector desfavorecido en la economía informal con los sectores que están más ligados al empleo público.

El desafío más urgente es el hambre, aseguró Caballero, teniendo en cuenta el elevado porcentaje de personas que se encuentran en situación de pobreza y precariedad. Para trabajar en este asunto plantea, como ejemplo, hacer una revisión del dinero destinado a la pensión alimentaria a través de los programas sociales o promover los comedores y ollas populares “para satisfacer una demanda que está presente”.

A criterio de Duarte, la cuestión del transporte público que ha sido un tema de gran preocupación en la población también debe formar parte de la agenda de Santiago Peña al asumir la presidencia, en vista a los conflictos sociales que ya ha generado.

La creación de nuevos empleos y el mayor poder de consumo por parte de los consumidores también serán algunas de las demandas a ser atendidas durante los primeros meses de gobierno en la era Peña, afirmó.

“Toda política de austeridad, de recortes y de vuelta a las metas de déficit fiscal que el Paraguay se trazó va a significar de algún modo una irritación en sus consecuencias políticas y sociales, no es sencillo reducir el gasto público y menos en un contexto donde la economía se está recuperando”, enfatizó Duarte.

El ministro de Hacienda va a tener que lidiar no solo con los diferentes ministros que van a querer llevar adelante gestiones que favorezcan a sus propias figuras o la figura del gobierno, sino también con sectores sociales que van a reclamar mejores servicios, mejores salarios, un mejor sistema educativo o de transporte público, agregó.

Para Duarte, la política se juega en la habilidad que vayan a tener las autoridades designadas para hacer un manejo responsable de los recursos públicos, de modo a “no caer en una un desorden en las cuentas públicas”, pero tampoco de generar condiciones de crispación social por una reducción o por un recorte.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.