El valor de la licitación es de G. 150 millones y fue adjudicada a la empresa Winner SRL, cuyos representantes -ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas- son Luis Fernando Brítez Chamorro y Oscar Daniel Brítez Chamorro.

De acuerdo con las declaraciones de Juan Ernesto Villamayor, quien en el momento de la adjudicación se desempeñaba como ministro del Interior, la cartera de seguridad pretende usar este dron en manifestaciones, desalojos de inmuebles, allanamientos y también ante la presencia de las hinchadas organizadas en eventos deportivos.

La adquisición de este equipo generó indignación en diferentes organizaciones sociales. Una de ellas, fue el grupo Ciudadanos Autoconvocados Comisión Escrache (CACE), que considera que comprar estos elementos roza la ilegalidad. Los manifestantes resaltan que la libertad de expresión y la disidencia, así como la de protesta son derechos garantizados por la Constitución Nacional.

No es posible constatar que efectivamente sea así, ya que ni en el pliego de bases y condiciones o en las ofertas se especifican las características del dron que será adquirido. Se conocen casos como los de los octocópteros que sí tienen la capacidad de levantar armas de fuego y también de resistir el retroceso mecánico que se produce luego de realizar un disparo. Villamayor afirmó en su momento que las piezas que se pretendían adquirir no podían estar conectadas entre sí, ya que el lanzador posee un peso mucho mayor al que puede soportar la unidad aérea no tripulada.

El lanzador posee marcadores, de manera que una vez disparado el proyectil, la persona acertada queda identificada incluso después de disuelta la manifestación.

Contrato de adjudicación y precio unitario de los ítems.

Este no es el primer dron que adquiere el Ministerio del Interior, según lo manifestado por el ahora jefe de Gabinete, pero sí es el primero que se compra mediante una licitación.

DRONES ANTIDISTURBIOS EN EL MUNDO

La policía de Dakota del Norte, Estados Unidos, fue una de las primeras en aprobar el uso de drones armados con equipo no letal. Esto se dio en 2015, tras un polémico proyecto de ley estatal que buscaba prohibir el uso de vehículos aéreos no tripulados armados y terminó en algo totalmente opuesto.

Los drones que posee la policía de este estado tienen la capacidad de disparar balines de goma, granadas de gas lacrimógeno o gas pimienta, cañones de sonido e incluso descargas eléctricas, conectando una picana eléctrica en vez de un arma de fuego.

El debate del uso de picanas eléctricas en Estados Unidos es mucho más amplio de lo que parece. Dakota del Norte es uno de los pocos estados que prohíbe el uso de carga letal en los ‘tasers’, pero aún así los números de víctimas fatales son muy altos y quedan más de 40 estados en los que aún es legal utilizar las cargas más elevadas que permiten estas pistolas. Sólo en 2017, se registraron 1.005 muertes debido a estas armas.

En Argentina, desde el 2013 está operativo el “Metrocóptero”. Se trata de un dron de seis hélices, pero solo se utiliza para rescates de emergencia. En 2018, se adquirieron drones capaces de lanzar gas lacrimógeno a los manifestantes. Estos equipos fueron utilizados contra los trabajadores que protestaban por la ola de despidos de la avícola Cresta Roja el 21 de mayo de 2019.

El gas lacrimógeno que es utilizado comúnmente en la represión de las manifestaciones se llama gas CS. Se estima que cada bomba tiene entre 80 y 120 gramos de este compuesto con una concentración de 0,1% y 10%. Expertos señalan que la exposición prolongada a este químico puede llegar a ser letal.

La explosión de una bomba lacrimógena trifásica se cobró la vida de 21 jóvenes en un club social de Caracas, Venezuela en 2018. Las causas de muerte fueron asfixia y politraumatismos provocados por el estallido.

Según expertos que analizaron las bombas de gas lacrimógeno usadas en Honduras, una concentración de 140 miligramos de CS por metro cúbico por 10 minutos o 11 miligramos por metro cúbico por una hora, o tan poco como 1.5 miligramos por metro cúbico durante cuatro u ocho horas puede ser letal.

En 2014, la compañía sudafricana Desert Wolf anunció la disponibilidad del dron militar Skunk, el primero específicamente diseñado para dispersar manifestaciones “sin poner en peligro la vida del personal de seguridad”. Este dispositivo está diseñado para disparar balas de pintura, goma e incluso gas pimienta, con una cadencia de tiro de 20 balas de pintura y 80 de gas pimienta por segundo.

En condiciones normales, el gas pimienta provoca irritación en los ojos, dificulta de respiración, comezón en la nariz y tos. Sin embargo, para las personas que sufren de asma o algún tipo de alergia, esto puede provocar la muerte. Por otro lado, Revista de Oftalmología Investigativa y Ciencias Visuales revela que la exposición prologada o reiterada a este compuesto puede provocar cambios en la sensibilidad de la córnea a largo plazo.

En Estados Unidos, el diario Los Angeles Times publicó que al menos 61 personas murieron en los años noventa debido a este gas.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

Es noticia hoy: Papa designa a nuevo representante de la Santa Sede en Paraguay

En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

Nota relacionada: Importante anuncio desde la Cámara de Diputados

Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

Lea también: Sistema de tormentas para esta mañana y el sábado

En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

Nota relacionada: Dakovo, la trama del mayor operativo contra el armatráfico

Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

Leé también: “Esas armas fueron vendidas legalmente”: Diego Dirisio habló desde la clandestinidad

El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.