Jorge Torres Romero, enviado especial a Río de Janeiro.

Los abogados Jacinto Nelson de Miranda y Edward Rocha presentaron ante el titular del Tribunal Regional Federal de la Segunda Región, Reis Friede, el hábeas corpus por el cual solicitan la revocación del pedido de prisión de Horacio Cartes.

El documento señala que en fecha 31 de octubre, la Policía Federal, solicitó la prisión provisoria y preventiva de otros investigados, sin embargo, en relación a Horacio Cartes, solamente pidió la provisión de informaciones con autoridades extranjeras.

En su escrito, los abogados señalan que el 7 ° Tribunal Federal de la Subsección Judicial de Río de Janeiro, decretó el arresto preventivo de Cartes, por motivos genéricos y poco claros, lo que constituye un hecho vergonzoso ilegal evidente. Alegan que la detención previa fue ordenada supuestamente porque el expresidente de la República, “fomentó y financió una organización criminal encabezada por Dario Messer mientras estaba prófugo en Paraguay” y por “ayudarlo” con dinero para financiar abogados paraguayos que lo defenderían ante el Poder Judicial paraguayo.

MOTIVOS GENÉRICOS Y ERRÓNEOS

Esto evidencia una falta de razonamiento sólido, según los defensores, puesto que el acto coercitivo tiene una base general, no individualizada en relación con los delitos que se hubieran cometido, lo cual es un requisito previsto en el art. 313, del Código Procesal Penal (CPP) brasileño; además, tampoco se indica de qué manera se daría la posibilidad de influencia en el proceso o el orden público (requisito establecido en el art. 312, CPP).

“Con el debido respeto, los motivos utilizados para decretar la detención del procesado, son absolutamente genéricos y erróneos”, insisten los abogados de la defensa. Agregan que lo que existe en el requerimiento de la fiscalía, es una referencia abstracta al delito de organización criminal; y, en relación con el llamado “núcleo político” que abarcaría la “influencia” y “poder” que se ejercía desde el gobierno paraguayo para mantener la impunidad y las actividades de la organización criminal. Sin embargo, no individualizan cuál sería la conducta de cada sujeto perteneciente al llamado “grupo político”, ni la participación de Horacio Cartes, en la práctica de cualquier actividad criminal de la organización de Dario Messer.

NO HUBO ACTIVIDAD ILICÍTA

En cuanto a una supuesta “ayuda” de dinero que habría dado Cartes en Paraguay, a solicitud de Messer, quien habría enviado una carta escrita a mano, la defensa del exmandatario refiere que, “aunque no es posible deducir de esta carta ninguna actividad ilícita por parte de nuestro defendido o incluso participación en la organización criminal mencionada anteriormente, la fiscalía, por simple razonamiento, afirma que hubo una “colaboración de Horacio con Darío para ayudarlo a permanecer en libertad”.

Sin embargo, es indiscutible (¡y está en el expediente!) que la solicitud de “ayuda” de US$ 500,000 de Darío Messer, como se indica en la carta, no se sabe que llegó al destinatario, sería para pagar los gastos legales derivados de su defensa. Es decir, según el propio Ministerio Público Federal, su único propósito era cubrir los gastos legales con abogados y su defensa; todo en teoría para regularizar su situación ante las autoridades paraguayas. “¡Ahora, ofrecer “ayuda” financiera para costos de su defensa (un derecho constitucionalmente garantizado) no es ilegal y no puede interpretarse como ayuda para fugarse!”, insiste el escrito.

Finalmente, los abogados de la defensa, señalan que no existe un razonamiento adecuado en el pedido de la Fiscalía para demostrar la necesidad de la detención ni prisión precautoria de su defendido, por consiguiente, la medida “es desproporcionada e incongruente”.

2019.11.19 – Habeas corpus by Diario Hoy

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El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

Es noticia hoy: Papa designa a nuevo representante de la Santa Sede en Paraguay

En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.