La abogada Ema Ovelar, quien defiende al Oficial 2º de la Policía Nacional, Carlos Alfredo Mendoza (27), alegó que su cliente debe responder ante la justicia policial y no así ante la penal, por haber brindado cobertura al poderoso criminal brasileño Eduardo Aparecido de Almeida, uno de los líderes del Primer Comando Capital (PCC) que se encontraba en Asunción.

En entrevista con la 970 AM, la letrada adelantó que el uniformado va a declarar en los próximos días ante la Fiscalía, porque no tiene nada que ocultar.

“A él se le atribuye un hecho punible de 10 años por asociación criminal y eso no corresponde. Lo que debe hacer, porque no podemos tapar el sol con un dedo, es responder ante la justicia policial”, resaltó.

Ovelar sostuvo que su defendido le comentó que no conocía la verdadera identidad del criminal a quien brindaba protección. “Me dice: ‘Yo no sé quién era, no sabía quién era esta persona’. Él está shockeado. Es un padre de familia”, detalló.

La abogada refirió que al uniformado le dijeron que el brasileño era un ciudadano como otro y no un narcotraficante que era buscado por la justicia del Brasil. Además, aseguró que su cliente no refiere que haya recibido órdenes de sus superiores para hacer la cobertura policial.

La fiscal Lorena Ledesma, quien lleva adelante la investigación por este caso, dijo a la 730 AM que desea saber si el agente de la Policía Nacional contaba con la venia de su superior para estar en el lugar, atendiendo que estaba allí uniformado y no de civil.

La representante del Ministerio Público adelantó que el sospechoso será imputado por obstrucción y frustración a la persecución penal.

La Comandancia de la Policía ya dispuso el sumario administrativo contra el agente policial y cesó de sus cargos al comisario Hugo Adaberto Ayala y al subcomisario Hugo Marín, jefe y subjefe de la Comisaría 4ta, respectivamente. Sin embargo, estos no formarán parte de los investigados, sino que colaborarán con la indagación.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.