Ángel Barchini es el cuarto anunciado en el gabinete de Santiago Peña. El primero fue Enrique Riera en el Ministerio del Interior, el segundo, Rubén Ramírez Lezcano en la Cancillería Nacional  y el tercero, Juan Carlos Baruja en el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat.

Barchini se encontrará con un sistema penitenciario a punto de estallar, con muchas debilidades, como el hacinamiento, la presencia de grupos criminales y la tremenda corrupción interna.

Un informe del Mecanismo Nacional de Pre­vención de la Tortura (MNP) habla de que el 98% de todas las cárceles del país está con una superpoblación crítica. Además un altísimo porcentaje de los reclusos están sin condena.

El hacinamiento en las cárceles es un caldo de cultivo para las facciones criminales, tales como el Primer Comando Capital – PCC, el cual logró articular una red de soldados, captando a los reos dentro de las cárceles para extender así la red de tráfico de drogas dentro de los centros de reclusión y a la vista de todos. Lo mismo ocurre con el clan Rotela.

Estos grupos se convirtieron en una grave amenaza para la seguridad interna del país, por lo que el próximo Gobierno tendrá la principal tarea de desactivarlos.

El problema se acrecienta con la corrupción interna que existe entre los funcionarios. Uno de los problemas es el bajo salario que perciben guardiacárceles, quienes a diario se ven tentados por cifras millonarias por parte de capos del crimen organizado que operan en las cárceles, con apoyo externo.

De momento, la política del Gobierno actual es crear más cárceles, mientras cada vez crece más la población penitenciaria y la bomba está a punto de estallar en las narices de las autoridades que demuestran su completa incapacidad para solucionar el problema de raíz.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.