El procedimiento es parte de la “Operación Retorno”, que afecta a unas 8.000 familias y que ha sido puesto en marcha por el Gobierno tras la bajada del nivel del río a su paso por la capital del país.

Un capítulo de ese operativo se vivió este sábado en la Primera División de Infantería, el cuartel militar que dio cobijo a muchas de esas familias cuando se vieron obligadas a dejar sus casas, ubicadas en la línea del río.

Las familias apilando sus muebles, electrodomésticos y objetos, a la espera de que los camiones los trasladen a sus hogares, fue una de las imágenes en el predio, donde todavía permanecen centenares de personas alojadas en las casetas de madera y chapa en las que han vivido el último medio año.

“Es una experiencia muy triste para uno salir de su casa pero ya estamos retornando. Ojalá que estemos un poquito más de tiempo esta vez”, comentó a Efe Cristina Ocampos antes de regresar a su vivienda del Bañado Sur, uno de los barrios afectados por la crecida del río.

Durante estos meses Ocampos ha convivido en una pequeña caseta con suelo de barro y de apenas 20 metros cuadrados junto a otros cinco miembros de su familia, entre ellos dos menores.

Hasta la vivienda llega electricidad y agua corriente, gracias a una tubería que conecta cada una de las casetas y que termina en unas duchas comunitarias a las que acceden los vecinos.

Para Ocampos, lo peor de su tiempo en el campo de refugiados ha sido soportar la concentración de “calor” de la caseta durante este verano, en los que algunos días se han superado los 40 grados centígrados de sensación térmica.

Es la sexta vez que esta familia tiene que abandonar su vivienda cuando aumenta el nivel del río Paraguay, un problema cíclico que se repite cada año.

“Nos estamos mudando con miedo de que suba el agua otra vez. Estuvimos poquito tiempo en nuestra casa el año pasado. Antes de tres meses, ya me volví a mudar otra vez”, se lamenta Ocampos.

A varios cientos de metros de distancia, Mercedes Ávalos, embarazada de ocho meses, se alegra por la llegada de los camiones de la mudanza, ya que podrá dar a luz a su bebé en su hogar.

“El bebé viene en marzo, gracias a Dios, y vuelvo nuevamente a mi casa después de cinco o seis meses”, relató.

Durante este tiempo ha permanecido en una estructura de madera junto a las familias de su madre y de su hermana, que en total suman nueve miembros.

Ávalos agradece el lugar que les ha tocado este año, ya que está cubierto por varios árboles que les protegen del calor, pero lamenta que por la noche “el ventilador no abastece” y aparecen los mosquitos.

La cabeza de familia afirma que supone “un gasto” tener que arreglar cada año los desperfectos que provoca la crecida del río y pintar las paredes de su casa, también en el Bañado Sur.

“El agua subió mucho, agarró todas las calles y nos costó mucho salir porque había camiones que querían entrar y otros que ya no”, cuenta Ávalos sobre su precipitada salida de su hogar.

La madre insiste en la necesidad de construir una franja que evite que el agua invada cada año esa zona de Asunción, un proyecto que califica como su “esperanza” para “no tener que sufrir más estos problemas.

La “Operación Retorno” ya ha permitido devolver a sus casas a cerca de 500 familias de la Primera División de Infantería de Asunción, mientras que otras 1.100 aguardan todavía la llegada de los operarios.

La iniciativa gubernamental, que finalizará en dos meses, comenzó en febrero cuando el cauce del río recuperó su nivel habitual, tras superado los seis metros en octubre.

Las inundaciones dejaron un total de 8.260 familias afectadas en Asunción, que se reubicaron en distintos refugios y plazas del centro de la capital. EFE

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.