La ministra de la Corte Suprema de Justicia, María Carolina Llanes, explicó que la idea es que los jueces de vuelta tengan la potestad de agilizar los procedimientos y evitar que ingresen más personas a las propiedades invadidas.

La autoridad aseguró que el Poder Judicial reafirma su compromiso de aplicar la Constitución y las leyes, dentro del orden de prelación que establece la Carta Magna. “No dejarnos llevar por herramientas ajenas al ordenamiento jurídico, que han tenido la intención de ayudar, pero en la mayoría de los casos han obstaculizado“, refirió.

Por su parte, el ministro Villamayor, explicó que al dejar sin efecto el protocolo, se vuelve al imperio exclusivo de la ley. De esta manera se busca dar garantías al propietario del terreno privado, que por rango constitucional está amparado.

El Secretario de Estado indicó que anteriormente se establecían procesos y grados, que en realidad impedían que las normas se apliquen de manera inmediata. Este protocolo daba derechos a los ocupantes ilegales y establecía obligaciones a los propietarios de los inmuebles.

“Nosotros el derecho de propiedad lo tenemos que respetar porque es un derecho de rango constiticional“, puntualizó.

Este protocolo data de la época de Carlos Filizzola, exministro del Interior, y Francisco De Vargas, exfiscal general del Estado. Debido al exceso de tiempo para una reacción, permitía que los invasores adquieran supuestos derechos al poder construir viviendas y hasta escuelas, y acceder a los servicios básicos como luz y agua, haciendo muy difícil la expulsión del inmueble ocupado indebidamente.

PASOS DEL PROTOCOLO

1. El fiscal debe comprobar la titularidad del inmueble y visitará el sitio.
2. Labrar acta sobre la ocupación del sitio.
3. El fiscal y las autoridades policiales deben analizar el caso y definir una acción.
4. Cuando existan indicios de invasión, se reunirán para planificar el procedimiento fiscal.
5. Tras evaluar el plan, se comenzarán a dar las ordenes de operaciones a ejecutarse.
6. Luego se procederá al desalojo, tras las advertencias a los ocupantes.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.