Cada una hora dos adolescentes de entre 15 y 19 años dan a luz en Paraguay, por día se registran dos nacimientos en niñas de 10 a 14 años. Uno de cada seis nacimientos registrados en el año 2017 en Paraguay, fueron resultado de partos de niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años.

En 2017 hubo 115.895 nacimientos en el país. De ellos, 18.463 correspondieron a adolescentes de 15 a 19 años, y 614 a niñas de entre 10 y 14 años, es decir más de 19.000. Sumados, constituyen un 16,5% del total de nacimientos registrados.

Esta realidad configura un problema social porque la maternidad temprana impacta no solo en la vida de las niñas y adolescentes disminuyendo sus oportunidades y las de sus hijos e hijas sino también en el desarrollo y la economía del país.

Además de la pérdida económica estimada en más de 136 millones dólares, un poco más de 768 mil millones de guaraníes, esta realidad demuestra la deuda con la adolescencia.

En Paraguay, el embarazo adolescente genera pérdidas anuales de más de 703 mil millones de guaraníes (alrededor de 125 millones de dólares) en la actividad productiva de las mujeres y de 64 mil millones de guaraníes (alrededor de 11,5 millones de dólares) para el Estado y 136.500.000 de dólares totaliza la suma por inactividad laboral, desempleo e ingresos no percibidos por el Estado paraguayo por concepto de impuestos de IVA e IRP, más el gasto público en salud.

Guadalupe Acosta, integrante del Consejo Consultivo Adolescente y Joven del UNFPA afirmó que Paraguay es un país que se caracteriza mucho por vanagloriar la maternidad, y sin embargo se deja en completo abandono a estas niñas y adolescentes que se ven obligadas a asumir un rol tan trascendental como lo es ser madre.

“Las mujeres debemos contar con las herramientas y la información para tomar esta decisión que es la maternidad en el momento de nuestras vidas que sea adecuado. Nos toca la tarea de comunicar estas cifras y decir que no es una cuestión personal, sino que es una cuestión que debemos cambiar culturalmente desde el momento que debemos desnaturalizar el hecho de que el embarazo adolescente es común, algo normal”, señaló.

Destacó la necesidad de desnaturalizar las relaciones sumamente abusivas entre adolescente y personas mayores.

Por su parte, la Doctora Lida Sosa del MSP también apuntó a la desnaturalizar el embarazo adolescente así como las relaciones disparejas de adultos con adolescentes ya que estas son las situaciones que reagudizan la violencia en el país y en la región.

“Estas cifras no solo nos interpelan, sino también que nos castigan, nos cachetean para que realmente podamos despertar. Celebro este informe, porque aparte de servirnos como un balde de hielo, nos empuja a tomar decisiones y nos sirve como respaldo para colocar realmente en la agenda de las políticas públicas la prevención del embarazo adolescente como una prioridad.

Indicó que la salud sexual y reproductiva no es el único pilar por fortalecer para prevenir el embarazo adolescente sino que también debe fortalecerse la educación integral en sexualidad y la calificó como una “emergencia educativa” además del sistema de protección y el sistema judicial.

“Y que todos las organizaciones tanto públicas como privadas incorporemos como parte de nuestra estrategia y nuestros planes estratégicos y programas, la perspectiva de derecho y de género para que podamos avanzar en este objetivo”, afirmó.

El informe presentado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) Consecuencias socioeconómicas del embarazo adolescente en Paraguay – MILENA 1.0 realiza el estimativo del impacto económico y social del embarazo y de la maternidad adolescente en los años 2017 y 2018.

Para realizar estas mediciones, el UNFPA formuló la metodología MILENA, que detalla y cuantifica los efectos en términos de educación, de participación en el mercado laboral y del nivel de ingresos de las mujeres que tuvieron hijos durante la adolescencia. A la vez, se expone lo que el Estado pierde anualmente y se estima cuánto le cuesta al país la atención del embarazo y el parto en este sector de la población.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

Es noticia hoy: Papa designa a nuevo representante de la Santa Sede en Paraguay

En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

Nota relacionada: Importante anuncio desde la Cámara de Diputados

Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

Lea también: Sistema de tormentas para esta mañana y el sábado

En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

Nota relacionada: Dakovo, la trama del mayor operativo contra el armatráfico

Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

Leé también: “Esas armas fueron vendidas legalmente”: Diego Dirisio habló desde la clandestinidad

El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.