Desde que a finales de abril se conoció el caso, la sociedad sigue conmocionada y pendiente del futuro de la niña, que está ingresada en un centro de la Cruz Roja, pero también de la madre, que está en prisión preventiva, mientras que el padrastro sigue prófugo.

Ante lo incierto del desenlace, parte del debate se dirige hacía una posible laxitud e ineficacia de la Justicia a la hora de evitar una lacra que cada año manifiesta una tendencia de unos 20.000 alumbramientos anuales de mujeres entre los 15 y 19 años de edad.

En cuanto a la niña que ocupa la atención, se sabe que en enero de 2014 su madre había denunciado al padrastro por supuestos abusos sexuales de la pequeña, que entonces tenía nueve años.

Sin embargo la denuncia fue archivada por un fiscal de la ciudad de Luque, en el Gran Asunción, quien está siendo investigado por una posible negligencia.

Más de un año después, la niña fue conducida por su progenitora a un hospital, ante la creencia de que el aumento abdominal de la menor podría tratarse de un tumor.

Después, en el hospital público de Trinidad se determinó que tenía 21 semanas de embarazo, lo que fue notificado por los responsables del centro a la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, pero no a Fiscalía, que era la instancia correspondiente.

Días más tarde el asunto dio un giro con la orden de prisión preventiva para la madre, de 32 años, a quien Fiscalía imputó por los supuestos hechos punibles de “incumplimiento del deber del cuidado” y como cómplice de “abuso sexual en niños”.

El Ministerio Público justificó la medida alegando que la mujer proporcionó algunas pistas sobre el posible paradero del padrastro, pero todas resultaron falsas.

Ello provocó el desacuerdo de algunos colectivos de trabajadores sociales, que considerar un gran error apartar a la madre de la hija cuando esta está más necesitada de apoyo familiar.

Otras voces salieron además a favor de la madre, de profesión cocinera, arguyendo que trabajaba jornadas de doce horas para mantener a otros dos hijos y que posiblemente tenga un historia de violencia doméstica.

Así las cosas, Amnistía Internacional (AI) lanzó hace días una acción urgente para reclamar a las autoridades que protejan la vida de la niña, ya que se trata de un embarazo de alto riesgo.

Sin embargo, AI no se ha posicionado a favor del aborto, sino de que una junta médica de profesionales tome la decisión que sea correcta para defender la vida de la niña.

Hubo algunas voces reclamando el aborto, algo que ya ha sido desechado por el Gobierno, que ha recordado que no está contemplado en la ley ni cuando el embarazo es fruto de una violación.

En este sentido, el Ministerio de Salud recordó por medio de un comunicado que su obligación, atendiendo a la Constitución paraguaya, es preservar la salud de la niña y del feto.

De acuerdo con las cifras de 2014, que todavía son provisionales, 684 menores de entre 10 y 14 años dieron a luz ese año, mientras que unos 20.000 de los alumbramientos fueron de madres de entre 15 y 19 años, dijo a Efe María Ligia Aguilar, de la Dirección de Niñez y Adolescencia.

Aguilar señaló que esa realidad solo será reversible en el momento en que ocurra un cambio de paradigma en la sociedad paraguaya, que incluye desde los fiscales que no contemplan la gravedad de ese tipo de denuncias, hasta las propias familias de las menores.

“Es un tema de educación cultural y a la vez un círculo prolongado por la pobreza de esas familias. Muchos casos de esa violencia están naturalizados en el país porque las familias lo ven como una cosa normal”, sostuvo Aguilar.

En el transcurso de la tarde se reportó una amenaza de bomba en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi de la ciudad de Luque.

La alerta se registró en un avión de la empresa JetSmart que se encontraba a punto de partir de la terminal aeroportuaria con destino a la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

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Los reportes preliminares mencionan que un pasajero afirmó contar con un explosivo en su equipaje de mano, motivo por el que automáticamente se emitió la alerta y se activó el protocolo de seguridad.

A raíz de ello, se procedió a la evacuación de toda la tripulación -157 pasajeros y 6 tripulantes- que se encontraba en la aeronave, además de la extracción de todo el equipaje.

Posteriormente, se dio aviso a personal explosivista de la FOPE, que a estas horas ya se encuentra en el lugar para hacer la inspección de rigor, a fin de confirmar o descartar la veracidad de la amenaza.

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Mientras tanto, los pasajeros fueron llevados en un bus hasta una zona segura del aeropuerto, a la espera de los resultados que arroje la verificación que realicen los especialistas.

Los vuelos en el Silvio Pettirossi se encuentran suspendidos de forma temporal luego de confirmarse esta amenaza de bomba, mientras que la aeronave de JetSmart sigue varada en la pista de despegue.

Erick Urueta, veedor judicial de Colombia, señaló que de confirmarse esa versión, y que EEUU tenga pruebas de que los asesinos ingresaron de ese modo a su esquema legal, corresponderá la extradición de los sujetos ya condenados en Colombia.

“Lo que sí está claro es que para que EEUU pida extradición de estas personas es porque se cometió una conducta delictiva en EEUU, a pesar de que el crimen fue en Colombia. Si se llega a demostrar que uno de los bancos fue utilizado para hacer llegar a Colombia la plata que salió de Paraguay para pagar el crimen, estaríamos frente a una legalidad acerca de que ese país pida la extradición. Eso es lo que cree EEUU”, manifestó Urueta en comunicación con la 1020 AM.

Enfatizó que con la evolución de las investigaciones, en Colombia existe la convicción de que se puede llegar hasta la persona que ordenó matar a Pecci.

“No es una retaliación a ese pedido de extradición. Se está solicitando una reunión urgente con la Fiscalía de Colombia para tratar ese asunto, pero no se pueden ir a EEUU si no llegamos a los autores intelectuales y yo creo que tarde o temprano lo haremos”, acotó.

El funcionario colombiano significó que la pesquisa de la DEA, podría desembocar en dilucidar las conexiones que se tejieron en torno al magnicidio.

“Pienso que se debe determinar si el fiscal Pecci fue asesinado por alguna persona intelectualmente que esté relacionada con actos delictivos en EEUU. Tiene que demostrarse muchos elementos probatorios que demuestren que estas conductas afectaron a ese país”, concluyó Urueta.

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El presidente del Banco Nacional de Fomento (BNF), Manuel Ochipinti, en entrevista con diversos medios habló sobre el asalto ocurrido en la noche de ayer en la sucursal ubicada en el distrito de Natalio, departamento de Itapúa.

Segun precisó, el monto sustraído por la banda criminal detrás de este golpe asciende a unos G. 300.000.000 y cerca de 100.000 dólares americanos, lo cual totalizaría alrededor de G. 1.000 millones al cambio actual.

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Así también, indicó que el dinero se encuentra asegurado y, por lo tanto, la entidad bancaria tendrá forma de gestionar la compensación por la pérdida sufrida con este atraco.

Al momento en que se produjo el asalto tipo comando -en el que habrían participado más de 15 personas- no se encontraba nadie en la sucursal del BNF, según mencionó Ochipinti.

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El titular del BNF también reveló que el día viernes se efectuó la recarga de la mencionada sucursal bancaria, motivo por el que contaba con tanta cantidad de dinero. A esto se le suma el hecho de que tenía a su cargo abastecer los cajeros automáticos de la zona.

Pese a ello, sostuvo que los cajeros “se quedaron con más dinero” y por ello el botín no fue mucho mayor.