En charla con HOY Digital, el abogado Andrés Bernal indicó que junto a otros profesionales del derecho están preparando la apelación del caso, ya que la sentencia fue arbitraria y aberrante en cuanto a la excesiva condena y la violación de derechos constitucionales del procesado.

Explicó que recién asumió la defensa del policía tras la lectura de la condena, atendiendo de que el Tribunal de Sentencia no permitió al procesado hacer uso del derecho de contar con un abogado de su confianza. En ese sentido contó que Sanabria solicitó cambiar a su representante durante el juicio porque no confiaba en la estrategia procesal planteado por su defensor, pero los jueces no hicieron lugar a esta petición y determinaron que tome intervención la Inspectoría y se haga un sumario al letrado.

“Aquí hubo un tipo de presión. Es un derecho de toda persona contar con un abogado de su confianza. Entonces lo ocurrido produce la nulidad de todo el proceso”, subrayó.

El abogado resaltó que otro hecho que resaltó fue que a pedido a los jueces, la actuaria judicial omitió en el expediente y la sentencia el pedido de cambio de abogado que le fue rechazado al agente policial. “Eso produjo fricción en la lectura de la sentencia, y el doctor Alfredo Sosa (abogado inicial) reclamó que no se asintió en forma expresa en el juicio lo ocurrido”, dijo.

Sostuvo que tras esto, la funcionaria judicial retiró la sentencia para hacer unas modificaciones, incluyendo la solicitud de Sanabria, pero obviando otros datos importantes, como que fue llamado el personal de inspectoría y se abrió un sumario; situaciones que demuestran la completa negativa del tribunal de hacer lugar a lo requerido.

“Llama la atención estas irregularidades sin entrar a debatir el fondo de la cuestión. Decimos que no fueron aplicadas las normas correctamente en la valoración del hecho. No hay elementos suficientes para sostener la condena y tampoco los años. Nos llama la atención la gravedad de la condena, considerando que ocurren hechos más graves que reciben sanciones más leves”, mencionó.

Así también subrayó que no consideran correcto que al policía se lo condene por hacer su trabajo. Añadió que cuando existen disturbios, son los agentes antimotines quienes poseen la facultad de dispersar a los violentos, como el caso del ataque al Congreso Nacional. Lamentó así que esta condena trae un antecedente nefasto que desmoraliza a toda la Policía Nacional, al legalizar los actos violentos y condenar a un uniformado que hacía su labor.

No obstante, dejó en claro que con los pobres elementos presentados por la Fiscalía no se pudo demostrar fehacientemente la participación de su cliente en el disparo al legislador liberal que fue a atropellar la sede parlamentaria con la turba. “No debía darse una sanción porque no están claros los hechos y no está clara la responsabilidad”, acotó.

Bernal explicó que en este caso solamente se tomó como evidencia la declaración de otros oficiales, quienes también tenían escopetas y evidentemente no se iban a autoincriminar, y las imágenes de los videos captados por la prensa, que fueron analizados sin rigurosidad. “No es serio cuando no se tiene determinada cuál es la calidad profesional en el área de la persona que fiscalizó. Ese informe es lamentable. Se pidió un informe y no una pericia propiamente”, expresó. A esto se suma que la prueba realizada al arma del policía condenado salió negativa.

Al consultársele sobre si considera que hubo presión política, indicó que se puede notar que sí existió, al ser una cuestión muy mediática donde se pretende conseguir a un culpable. “Él es un eslabón para llegar a otras autoridades del poder público, porque se pretende vincular con otras causas ocurridas ese día”, puntualizó.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.