Carlos Sotelo un polémico dirigente campesino de la zona que siempre aparece en este tipo de hechos, fue el que encabezó la invasión, esta persona es conocida por liderar a grupos invasores y ya fue denunciado judicialmente en varias ocasiones.

Se pidió la intervención del fiscal de María Auxiliadora, Luis Albertini y que se constituya en el sitio para frenar el atropello que se estaba dando. Tras la intervención fiscal se se comprobó que las tierras invadidas no eran abandonadas, sin dueño, tal como aseguran los campesinos, las tierras le pertenecen a Eitel Simón, quien adquirió 337 hectáreas en el año 2000, según consta en su título de propiedad, pero la cuestión va más allá ya que según Simón es mentira que sus tierras son improductivas y agrega en su descargo que tiene 28 hectáreas ocupadas por una plantación de pino desde hace 20 años, y que ahora no está pudiendo cosechar por la presencia de los invasores. Además de los pinos el dueño de las tierras dice que tiene áreas de cultivos agrícolas en otras partes del terreno, por lo que es totalmente falso que el sitio primero no tenga dueños y segundo que esté en estado de abandono.

El fiscal Albertini solicitó al INDERT que intervenga en el caso que se ocupe de verificar la denuncia de los campesinos y que contraste los expuesto por el dueño de las tierras. Desde el INDERT quieren hacer una mensura para ver si existe tierra excedente que pueda ser expropiada a favor de los campesinos.

En su descargo Simón señala que a parte de sus 28 hectáreas plantadas de pino, todas las fincas tienen estudio de impacto ambiental y cumplen con todas las leyes de pago de impuestos, lo que significa que está al día con sus tributos.

Los campesinos alegan que son de una comisión vecinal reconocida por el municipio de Naranjito y que no pertenecen a grupos de delincuentes o aprovechados, o que estén recibiendo un dinero por ingresar a esa propiedad, sin embargo tras las pesquisas se supo que no existe ninguna comisión vecinal en la zona y que estas personas están siendo utilizadas por otras para apoderarse de tierras que están siendo trabajadas desde hace más de dos décadas.

Pero una vez más los vínculos políticos que tienen estos invasores que se hacen pasar por campesinos sin tierra presionan para poder expropiar la propiedad de Eitel Simón, quien deberá contratar abogados, ir a una larga lucha en el plano judicial, para poder expulsar a los invasores de sus tierras, si así lo determinan los jueces, mientras tanto sus cultivos se verán afectados ya que no podría continuar con su producción.

Pero esta no es la primera vez que le quieren despojar de sus tierras a Simón, ya en el 2020 la Camara de Diputados rechazó un proyecto de ley que quería declarar de interés social las tierras y tenía la intención de expropiar a favor del INDERT a fines de la reforma agraria varias fincas entre las que figuraba la de Eitel Simón, pero pese a las presiones y maniobras políticas eso no prosperó. Desde el mismo INDERT se hicieron todos los trámites para poder quedarse con estas tierras del distrito de San Rafael del Paraná.

El 30 de septiembre de 2020 se dispuso desde la asesoría jurídica del INDERT que el abogado Yoni Alonso sea designado como realizar la mensura de las tierras que querían ser expropiadas. Sin embargo todo lo que se hizo finalmente no sirvió para que la Cámara de Diputados falle a favor de ellos.

Por esa razón es que ahora se apela a la invasión como último método para quedarse con tierras que fueron demostradas con documentos que tienen dueño y que son productivas. A decir de Eitel Simón, esta es la sexta vez que ingresan a sus tierras y en todas las otras ocasiones tuvo que recurrir a la justicia para desalojarlos.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.