Este proceso se inició tras la querella que presento la exiviceministra de Tributación Marta González, por calumnia y difamación, al sentirse agraviada por un artículo periodístico en el que se daño su imagen.

El abogado querellante Jacinto Santa María, dijo que es una vergüenza la forma en que se está chicaneando este proceso. Santa María recordó que 12 chicanas presentaron a lo largo de casi dos años de proceso y todas le fueron rechazadas, pero hoy el abogado Rodrigo Yodice representante de la directora de ABC señaló que están tres chicanas más que presentaron y no se resolvieron por lo que solicitaron la suspensión del inicio del juicio oral.

A decir del abogado hace un año y tres meses que se convocó a juicio oral y desde entonces se suspende una y otra vez el juzgamiento y no tienen argumentos para debatir en el juicio por lo que las defensas pretenden dilatar el proceso indefinidamente hasta que termine el siglo, dijo Santa María.

Otro hecho llamativo que apuntó el abogado de la exviceministra es que el periodista Juan Carlos Lezcano, le había cancelado la personería jurídica a su abogado Yodice, contratando a Alvaro Arias con la sola intensión de apartar del juez Ovelar, del proceso y hoy el que lleva el escrito de pedido de suspensión del juicio es Rodrigo Yodice. Todas estas maniobras demuestran la mala fe que tienen Natalia Zuccolillo y su periodista Lezcano, así como el equipo jurídico que los representa.

El año pasado la jueza Olga Ruiz, al rechazar una de las chicanas de los procesados ya había solicitado que se castigue a ambos como litigantes de mala fe, pero ni los camaristas y menos la Corte Suprema de Justicia toma esa determinación por temor a ser blando de publicaciones en los medios de ABC Color, como lo está siendo el magistrado Elio Rubén Ovelar, quien tiene este caso y que desde hace varias semanas es atado por los medios dirigidos por Natalia Zuccolillo, para tratar de amedrentar al juez. Por su parte Lezcano quien se presenta en los medios de ABC y en las redes sociales como un férreo defensor de la justicia, en este proceso es el que más chicanas ya presentó para evitar el inicio del juicio oral.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.