El legislador Portillo, en su intento de salvarse, recurrió a la escribana Barsiliza Nuñez para un acta notarial, donde se realizó la transcripción de mensajes vía WhatsApp.

En el documento se lee que supuestamente recibió esto: “Señor diputado Portillo, por favor atendeme cuando te llamo, me quiero disculpar personalmente de vos por todas las cosas malas que hice sin querer por vos. Auda Angelica soy por si te olvidaste. Esos audios que te grave yo clone todo hice montajes porque estaba nerviosa porque pensé que vos no me querías ayudar con mi problema. Vos SOS demasiado buena persona y yo me equivoqué grande (sic)”.

En entrevista con la radio 650 AM, la contadora indicó que, según el congresista, ella supuestamente le envió mensajes pidiendo disculpas porque le había grabado, por el tema de los audios. Sin embargo, aseguró que es totalmente falso el supuesto pedido de disculpas.

El año pasado, según reconoció la misma, lo grabó por un pedido de coima de 3.000 dólares a cambio de una resolución de una cámara que él tenía que conseguir, pero que “jamás procuró”.

Auda señaló que cuando ya tenía en su mano la resolución, conseguida de manera más rápida por su abogado, Portillo seguía presionando por el dinero, por lo que decidió grabarle.

Respecto a la “prueba” en su contra, indicó que la comunicación que expone el legislador posee una serie de errores y discordancias. “Portillo, en su afán desesperado de mantenerse en su puesto, hizo esto, creyendo creo que no se le iba a pillar. Es totalmente falso. Nos está tomando el pelo, es un circo que monta”, acotó.

“Yo no sé cómo se arma un audio y menos de él, porque tiene una forma particular de hablar, no hay cómo no reconocerlo”, manifestó.

La contadora señaló que la última vez que intercambiaron dos mensajes fue el 28 de septiembre del 2017. El 20 de julio tuvo una llamada perdida de él, según contó.

Negó haber ido ante una escribanía con Portillo. “Está mintiendo descaradamente, nos sorprendió cuando hizo la conferencia de prensa, cuando presentó un documento totalmente falso. ¿Él pensó que no íbamos a leer? Es una burla, porque dice en el texto ‘por nuestra amistad de años’, siendo que él mismo dijo en al prensa que no nos conocíamos”, añadió.

Fleitas pidió someter a peritaje los teléfonos para demostrar quién está diciendo la verdad.

Carlos Portillo está imputado por los hechos punibles de tráfico de influencias, soborno, asociación criminal (todos en calidad de autor) y cohecho pasivo (como cómplice).

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.