El diputado liberal Carlos Portillo, presidente de la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico en la Cámara Baja, sostuvo a radio Cardinal que no puede realizar un análisis profundo en cuanto a la problemática de la marihuana. “No conozco siquiera la planta (cannabis) por eso no quiero hablar mucho del tema”, argumentó.

Sin embargo luego aclaró que está completamente en contra de la legalización de la misma. “Yo estoy en contra, porque va a traer un impacto negativo. Va a ser peor de lo que es ahora. Nuestro país es uno de los mayores con circulación de la droga. Somos un país pequeño, pero en porcentaje creo que existe mucha circulación. No estoy de acuerdo todavía para la legalización de la marihuana”, dijo.

Consideró que dicha droga genera mayor daño que el alcohol. “En Paraguay se ve a simple vista. Sabemos que el alcohol causa daños, pero la droga deja a la gente inconsciente y comete cosas mucho más graves que un alcohólico. Según los expertos, los alcohólicos son más agresivos que los que consumen marihuana”, recordó.

“Pero una parte ya está legalizada, a los que son adictos a la droga. Ellos tienen derecho a tener un pequeño porcentaje de la droga, eso está en la ley y no es penado”, indicó.

Portillo dijo además que con la despenalización se aumentará el consumo de los estupefacientes. Al ser consultado si posee datos que avalen su postura, destacó que Uruguay “fue dañada impresionantemente con la droga. Los que consumían antes llegaban al 20 %, después la cifra subió a 55 %, luego de a poco fue bajando, ahora creo que está en 35 %. Son datos que no se manejan en forma oficial”.

En cuanto a la narcopolítica, el presidente de la comisión de lucha contra los narcos respondió que “se escuchan muchas versiones, de que existen narcos que tienen bancas, pero yo no te puedo decir de quiénes se trata. No te puedo decir fulano y fulano, porque no me consta”.

Al ser abordado sobre el caso de la diputada Cristina Villalba, quien es considerada como la presunta “reina del narcotráfico” y acusada de esconder al intendente de Ypehu, Vilmar Acosta Márquez (buscado por la justicia por el asesinato del periodista Pablo Medina y su asistente Antonia Almada), Portillo dijo: “Se debe ‘habilitar’ un sumario a Cristina Villalba, así como a mí se me abrió por estupideces (usar dinero estatal para su viaje a Las Vegas)”. Además anunció que estudiarán en la comisión si convocarán a su colega para que dé su versión.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.