Durante una entrevista con la 1080 AM, el intendente Ferreiro fue consultado sobre la abultada cantidad de 8.000 funcionarios (6.800 Intendencia y 1.200 de la Junta Municipal) que trabajan en la Municipalidad de Asunción.

“Es cierto que son muchos. Evaluamos cuánto cuesta sacar. Siempre digo más o menos que la relación de sacar 500 funcionarios cuesta US$ 20 millones, que es lo único que nos queda (del presupuesto) para obras, al año”, explicó.

Reconoció que desde que empezó su gestión metió a unos 300 funcionarios de los cuales 50 y 60 son directores mientras que se suman las personas de confianza y el “crecimiento vegetativo” que se produjo con la gente que ingresa en los lugares que dejó vacantes la administración anterior.

Dijo que no cree que la cantidad de funcionarios sea un problema fundamental y que es necesario seguir en la política de los retiros voluntarios y de no ocupar el puesto del jubilado por el cual piden políticos de todos los sectores. Indicó que Asunción no será Tel Aviv que tiene 400 funcionarios y que este ideal no ocurre ni en Buenos Aires ni en Montevideo, donde la cantidad de funcionarios es abultada.

El intendente indicó que el 67% del Presupuesto anual va a salarios y que quedan entre US$ 25 y 30 millones para realizar obras de infraestructura. Dijo que la Municipalidad de Asunción no recibe transferencias de fondos en concepto de la ley de capitalidad porque la misma ya está vencida.

En noviembre de 2017, la Municipalidad de Asunción contrajo una deuda para cubrir el aumento salarial de los más de 8.000 funcionarios, entre los que se incluyen planilleros y personas involucradas en casos de coima. Mario Ferreiro había pedido un crédito de G. 60.000 millones.

Meses antes, en la Junta Municipal de Asunción se había realizado un pedido de informe para determinar cuántos funcionarios tiene la Comuna capitalina y qué funciones realizan. Hasta el momento, no se conocen detalles del reporte.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.