Los usuarios de seguros privados y medicinas pre pagas no deben abonar ningún monto adicional de lo que corresponde al contrato vigente con las empresas en caso que requieran del servicio de un médico anestesiólogo ya que las empresas deben cubrir el servicio, aclaró Marcelo Duarte, asesor jurídico de la Cámara de Instituciones Médicas Asistenciales del Paraguay (CIMAP) en comunicación con la 970 AM.

Afirmó que la cámara que aglutina a los servicios primados de medicina pre paga garantiza la cobertura de los planes y el servicio de los médicos anestesiólogos en los mismos términos del contrato mientras estos estén en vigencia, con los mismos costos que tienen firmado en el contrato de cada asegurado.

“El asegurado tiene que estar tranquilo porque si alguien tiene que hacer un esfuerzo o tiene que cambiar su modalidad contractual tendrán que ser las partes, en este caso, la Sociedad Paraguaya de Anestesiología (SPA) o la CIMAP pero el asegurado no”, señaló y agregó que la responsabilidad de la contratación y el costo a ser cubierto es de la CIMAP y las empresas que la integran.

Desmintió las declaraciones de la presidenta de la SPA, la doctora Graciela Escobar con respecto a que hace 12 años no se dan aumentos de los honorarios de los anestesiólogos y aclaró que estos solicitan un aumento de entre 120 a 200 por ciento, siendo que este porcentaje los seguros médicos no están en condiciones de pagar.

“Que no estén satisfechos con lo que perciben es comprensible y es materia de discusión pero que sea de 120 a 200 por ciento de una sola vez y pretenden hacerlo de una sola vez, hay que ser más razonables porque en ningún rubro se puede dar ese porcentaje de aumento de una sola vez, aumentos graduales sí”, indicó.

Destacó que la CIMAP está dispuesta a seguir negociando y que tiene todo documentado sobre los honorarios y que lo que se ofreció fue 4,5 por ciento más el equivalente al Índice de Precio del Consumidor, alrededor de 18% en dos años.

Agregó que los anestesiólogos no son empleados de los seguros ni sanatorios sino son profesionales independientes y son las asegurados quienes los contratan y que es un contrato entre una entidad privada y un profesional.

“Los acuerdos se negocian para tener una constante que puede variar anualmente pero no se puede pretender que los aumentos que se den de una vez desde 120 por ciento, no conozco ninguna actividad económica lícita en la que se den aumentos de esa naturaleza de una vez”, sostuvo.

Por su parte, Juan Marcelo Estigarribia, titular de la Secretaría de Defensa del Consumidor (Sedeco) aseguró que están velando por el cumplimiento contractual entre las aseguradoras y los usuarios y que de acuerdo a la información proporcionada por la CIMAP, los médicos anestesiólogos que prestan servicios en forma privada son profesionales con título de grado de médicos, cuentan con la especialidad de Anestesiología y también figuran en los registros médicos expedidos por el MSP.

Para denuncias sobre irregularidades en este caso, Estigarribia invitó a los usuarios de las pre pagas a realizar sus reclamos a través de la web http://www.sedeco.gov.py o llamando al 0800118899 y la app Defensa del Consumidor donde se debe llenar un formulario.

“Hasta el momento no tuvimos ningún reclamo de usuarios en este caso, y tenemos la comunicación de la CIMAP de cumplirán en cuenta los contratos”, puntualizó.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.