La organización expuso en un comunicado que las internas, independientemente de su orientación sexual, poseen el derecho a recibir ese tipo de visitas de sus parejas debido a que el reglamento de las penitenciarías paraguayas aprobado en 2012 no incluye restricciones sobre el género de la persona visitante.

Varias internas lesbianas solicitaron la colaboración de Aireana y del estatal Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) para poder recibir las visitas de sus parejas mujeres mientras permanecen en la prisión del Buen Pastor.

Sin embargo, la directora interina de la penitenciaría denegó este permiso, aludiendo a una ley aprobada en 1970, durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), que sostiene que “el interno podrá recibir visitas privadas del sexo opuesto”.

Aireana especificó que esta ley es anterior a la Constitución paraguaya de 1992, aprobada tras la caída del régimen stronista, y criticó que la directora del penal “haga caso omiso de la prelación de leyes”.

La ONG explicó además que la organización de uno de los pabellones de la prisión está a cargo de una pastora evangélica, que amenaza a las internas lesbianas con trasladarlas a otra institución lejos de sus familias si no “modifican su orientación sexual”.

Las amenazas, según las denuncias de las internas, se producen en el marco del programa “Transformación integral”, un convenio que el Ministerio de Justicia mantiene con un centro religioso con el fin de mejorar las condiciones de vida de las personas privadas de su libertad.

Aireana calificó esas situaciones como “atropellos a los derechos humanos” y recordó que Paraguay es un Estado laico que no puede permitir que las religiones intervengan en políticas estatales como la gestión de las penitenciarías.

El 63 % de las internas de la prisión de mujeres del Buen Pastor ingresó por causas vinculadas al tráfico ilícito de drogas, sin que haya una diferencia entre quienes son personas vinculadas al narcotráfico y quienes son víctimas de los circuitos de consumo y venta de drogas a pequeña escala, según un informe del MNP de 2014.

Organizaciones en defensa de los derechos de lesbianas, gais, bisexuales y transexuales (LGBT) y otros colectivos de derechos humanos reclaman la aprobación en Paraguay de una ley contra toda forma de discriminación, argumentando que se trata del único país de la región que carece de este tipo de legislación.

La iniciativa fue vetada en 2014 en el Senado por el temor de algunos legisladores a que la ley abriese la puerta a los matrimonios entre personas del mismo sexo, pese a que el texto legislativo no mencionaba este supuesto.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.