Sobre la uniformada pesa una orden de arresto de la Justicia Militar por “supuesta calumnia y por falta contra la disciplina militar.”

Ayer, la dirección de Comunicación Social de la Armada Nacional divulgó un comunicado sosteniendo que la disposición de arresto “no guarda relación con el caso del derecho de amamantar a su hijo” de la teniente de fragata.

En ese sentido, Godoy aclaró que Quinteros sigue en libertad hasta el momento y que el hábeas corpus busca evitar que la priven de su libertad.

El Defensor del Pueblo insistió en que la lactancia es un derecho de carácter universal y que está por encima del código penal o militar del país.

“Según el criterio legal que establece el código militar, (la prisión) puede darse en cualquier momento y nuestra presentación sería en vano si lo hacemos luego”, añadió.

Insistió también en que no corresponde la prisión preventiva de la uniformada.

Grupos civiles montaron en cólera en las redes sociales ante la situación generada con el supuesto inminente arresto de la teniente de fragata.

Mujeres se muestran indignadas ante la posibilidad de que la militar pase el día de la madre en prisión y, con ella, su pequeño hijo.

“Queremos evitar que ella pase tras las rejas y en un calabozo. Todavía no fue notificada. Entonces el hábeas corpus preventivo tendrían una viabilidad procesal absolutamente indiscutida”, comentó Godoy.

Manifestación

“Mamá que da teta se respeta. #TodasSomosCarmen”, fue el coro entonado por un grupo de mujeres en el microcentro de Asunción.

Todo esto se inició en marzo de marzo de 2016 cuando la teniente de fragata Quinteros solicitó permiso porque estaba en fase terminal de su embarazo. La uniformada se desempeñaba como intendente girador de la Dirección del Servicio de Sanidad de la Armada.

Luego, en agosto del año pasado la trasladaron al Comando de Institutos Navales de Enseñanza, lugar donde no podía amamantar a su hijo, según datos.

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El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.