En una rueda de prensa en la sede de la Vicepresidencia de la República en Asunción, la ministra del ramo, Nilda Romero, explicó que el proyecto “Mujeres Emprendedoras de la Agricultura Familiar” servirá también para fomentar el “empoderamiento económico y político” de esas mujeres.

Ese objetivo se conseguirá, según indicó la directora general de cooperación internacional del Ministerio y una de las impulsoras de la iniciativa, Miriam Monzón, gracias a que el dinero será “administrado por las propias mujeres organizadas en comités”.

En concreto, se facilitarán 800 millones de guaraníes (unos 132.000 dólares) que se repartirán entre 80 comités de mujeres rurales de los departamentos centrales de Cordillera y Caaguazú, conformados previamente por mujeres que estén en “situación de vulnerabilidad”.

Monzón aseguró que, cada comité será el encargado de administrar el dinero y facilitar los microcréditos de 1 millón de guaraníes (165 dólares) a cada una de sus miembros, para que implementen un pequeño negocio productivo relacionado con el mundo agropecuario.

El dinero deberá ser devuelto en el plazo de un año al comité con un interés del 1 %, para que este pueda ser utilizado para financiar la iniciativa de otra mujer de la comunidad.

Además, la ministra señaló que, antes de otorgar el dinero, las mujeres reciben una “capacitación” del Ministerio en “habilidades blandas como el autoestima, el liderazgo y el conocimiento de sus derechos”, para después elegir los proyectos que quieren desarrollar, para lo que también recibirán una “formación técnica”.

En caso de que el proyecto de alguna de las mujeres no fuese lo suficientemente rentable y no pudiesen hacer frente a la devolución del préstamo, Monzón explicó que, aunque “la no devolución supondría la expulsión del comité”, estos podrán abonar el dinero de forma anticipada para que siga rotando, y ofrecer a la mujer afectada que “lo devuelva poco a poco”.

Ello, añadió, porque los comités funcionan bajo el concepto de “solidaridad” ya que las integrantes conocen la situación específica de cada una de ellas.

Las autoridades realizarán un “seguimiento” de los comités durante dos años y, pasado ese tiempo, esos entes podrán “decidir”, según la ministra, “qué hacer con el dinero que nunca vuelve al Ministerio”, aunque puntualizó que solo podrá utilizarse para “emprendimientos productivos”.

En ese sentido, señaló que en un proyecto similar que se implementó en años anteriores, “varios comités se constituyeron en cooperativas”, consolidando una fuente de empleo y emancipación de las beneficiarias.

Esa experiencia anterior, que alcanzó a 5.500 mujeres en 10 departamentos del país, también dejó resultados negativos de algunos comités que “no lograron salir adelante”, por lo que el actual proyecto prevé realizar un “diagnóstico” de la situación de 120 comités participantes en aquella iniciativa, formados por 1.200 mujeres de los departamentos de Ñeembucú (sur), Alto Paraná y Canindeyú (este).

Esa evaluación servirá para ofrecer a esas mujeres “otros programas” complementarios impulsados por el Ejecutivo de cara a “reforzar sus capacidades de organización y emprendimiento”, especificó Monzón.

En total, el costo del proyecto asciende a 500.000 dólares, financiados por el Gobierno de Marruecos.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

Es noticia hoy: Papa designa a nuevo representante de la Santa Sede en Paraguay

En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

Nota relacionada: Importante anuncio desde la Cámara de Diputados

Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

Lea también: Sistema de tormentas para esta mañana y el sábado

En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

Nota relacionada: Dakovo, la trama del mayor operativo contra el armatráfico

Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

Leé también: “Esas armas fueron vendidas legalmente”: Diego Dirisio habló desde la clandestinidad

El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.