El gobernador del Alto Paraná, Roberto González Vaesken, puso a conocimiento de las autoridades del Gobierno Nacional un “plan de reapertura del Puente de la Amistad”.

En su argumentación, la autoridad departamental sostiene que “es indiscutible la necesidad de la apertura del puente para sostener la economía de Ciudad del Este y tratar de evitar el agravamiento de las consecuencias económicas y sociales que se han generado”.

Asimismo, enfatiza que “es vital establecer normas sanitarias en cuanto al flujo de personas que entran y salen del país todos los días para evitar la propagación masiva del COVID-19 y el colapso de los establecimientos de salud”.

En vista a ello, se ha delineado un protocolo optativo para una eventual reapertura del Puente de la Amistad. Dicha propuesta contempla:

1- Establecer un intervalo de tiempo que será de 05:00 a 18:00 para autorizar el ingreso y salido del país a través de este paso fronterizo.

2- Establecer un puesto de control sanitario en la cabecera del puente, constituido por personal médico y militar, de manera a controlar a quienes entren y salgan del país.

3- Elaborar un registro de las personas que se movilizan a través del Puente de la Amistad, incluyendo todos los datos particulares de las mismas. Para el efecto, se podría crear una plataforma digital específica.

Dentro del plan también se menciona la realización de un examen médico, el cual contempla el control de temperatura, un test olfatorio, ANOSMIA o “test de vinagre”. Igualmente, se prevé la exigencia obligatoria de los equipos de protección individual.

Las personas que cumplan con todas las exigencias tendrán una “aprobación” que sería emitida por las autoridades locales, además de recibir un “pase” para poder moverse dentro de Ciudad del Este. Dicho documento incluirá: datos de filiación de la persona, fecha y horario de ingreso y motivo de la visita.

A la hora de abandonar el territorio nacional, el visitante deberá volver a presentar su pase en el puesto de control sanitario, a fin de corroborar todos los datos nuevamente. Asimismo, se registrará la salida del país en el sistema.

Otro de los puntos contemplados en el proyecto presentado por el gobernador del Alto Paraná es el de un “área de libre circulación” (área de alto riesgo), definido en un perímetro determinado dentro de Ciudad del Este.

A la par, se creará un cordón sanitario, el cual estará resguardado por efectivos militares, quienes serán ubicados en puntos estratégicos de la capital departamental para evitar que las personas entren o salgan del “área de alto riesgo”.

En caso de detectarse que alguno de los que ingresaron a través del Puente de la Amistad no registró su salida del país, se notificará al Ministerio Público y la Policía Nacional, a fin de proceder a su búsqueda y posterior expulsión.

La constitución de la jueza de Paz fue a modo de constatar el estado de la ocupación de la vivienda, tras la denuncia hecha por Feliciana Sosa Mendoza contra su exsuegra, Ursulina de Franco, quien acompañada de al menos 12 personas se instaló en el lugar con intenciones de sacarla a la fuerza de la casa.

En declaraciones al canal GEN de Nación Media, la jueza se reservó en señalar sobre la titularidad de la vivienda, sin embargo aplicó una medida cautelar.

“La cuestión referente a quién debe habitar la vivienda, no es algo que pueda resolver yo. Lo que puede resolver un juez de Paz es si se puede mantener o no una exclusión, que implicaría de cierta manera que uno de ellos no viva en la casa”, explicó.

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Sostuvo que su tarea fue recabar todo lo necesario para una decisión final. Por otra parte, señaló que el hecho de que la expareja de la denunciante, Milciades Ramírez, haya sido su compañero en la universidad, no es un motivo de excusación.

EL CASO

“Cuando era la novia del hijo de la señora (expareja, Milciades Ramírez). Yo estaba embarazada y me dijo que no iba a usar la casa y que se iba a quedar para mí y mi nieto. Después yo me separé de su hijo y él salió de la casa. Ahí empezaron los problemas”, comentó Feliciana Sosa Mendoza, sobre la disputa por una vivienda ubicada en el asentamiento Santa Lucía de Coronel Oviedo, por el cual había abonado la suma de casi G. 5 millones a su exsuegra.

La mujer señaló que reside en la vivienda hace más de 11 años con sus dos hijos, el mayor que había tenido con su expareja y una niña de 5 años con trastorno del espectro autista, ya de otro padre.

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Al respecto, la denunciante indicó que desde hace 3 o 4 meses, su exsuegra (Ursulina de Franco) viene amenazando con quitarle la casa, a través de maltratos verbales y recurrieron a integrantes de su familia para amedrentarla.

La mujer incluso obtuvo una orden de restricción contra la señora, pero la misma fue revocada. Apenas salida la resolución, la exsuegra junto a otras 12 personas se instaló en la vivienda en disputa desde hace dos semanas.

El sistema de tormentas está previsto para el centro, sur y este de la Región Oriental, mientras que en la Región Occidental, afectará a la zona sur.

Para los departamentos de Ñeembucú, Misiones, suroeste de Itapúa, sur de Paraguarí, se prevén tormentas ya desde la mañana y hasta la tarde del miércoles.

En cuanto a Asunción, Central, centro y oeste de Itapúa, Caazapá, centro y norte de Paraguarí, Guairá, centro y sur de Pdte. Hayes, las tormentas se darán desde la tarde del miércoles y hasta la mañana del jueves.

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En Cordillera, centro y oeste Caaguazú, este de Itapúa, sur de Alto Paraná, sur y oeste de San Pedro, desde la tarde del miércoles y hasta la tarde del jueves.

Se esperan lluvias con acumulados de entre 40 y 110 mm, con ráfagas de viento en torno o superiores a 100 km/h.

También se prevé la caída de granizos en forma puntual.

Fue hallado culpable por incumplir el deber legal alimentario en favor de su hija menor. Ahora deberá pagar la suma adeudada por 50 meses.

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El hombre estaba obligado a depositar la suma de G 506.040 en la cuenta Judicial habilitada en el Banco Nacional de Fomento; lo que ocasionó que su hija viva en forma precaria y con muchas limitaciones en el ámbito económico, educativo y de salud, según argumenta el Ministerio Público.

De ahora en más, deberá estar inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, lo cual le impedirá realizar ningún trámite de bienes registrables, tampoco renovar su licencia de conducir.

Cabe recordar que, desde el 22 de abril pasado los deudores de prestación alimentaria ya no pueden registrar compraventas de terrenos, vehículos y otro tipo de propiedades, según la nueva medida de control establecida por la Corte Suprema de Justicia a través de la Dirección General de los Registros Públicos.

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