David Caballero, presidente de Asepy, agradeció la apertura del próximo gabinete y adelantó que, entre las solicitudes manifestadas, se encuentran la financiación, la agilización de los procesos de formalización, la seguridad social y la asistencia técnica para emprendedores. Son cuatro puntos claves para el fortalecimiento y desarrollo del sector que mueve la economía del país y que representa el 70 % de la fuerza laboral.

“Desde los inicios de Asepy, nuestro propósito fue de hacer de Paraguay un lugar más fácil para emprender y, en esa sintonía, se dio esta reunión con la Dra. Lea Giménez, quien estará ocupando un rol importante en el próximo Gobierno. Este encuentro fue para articular y desarrollar políticas públicas en conjunto que permitan facilidades para hacer crecer los negocios de los emprendedores”, subrayó David Caballero.

Por su parte, Martha Arriola, Directora Ejecutiva de ASEPY, puso en contexto algunos números. “Según un estudio que realizamos, el 65 % de los emprendedores expresó que la falta de capital es uno de los principales problemas a la hora de emprender, un 71 % no accede a financiamiento externo y un 57 % de las mipymes no cuentan con acceso a créditos para su desarrollo, de allí la importancia de buscar alternativas y trabajar con el Gobierno”, aseveró Martha Arriola.

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En cuanto a formalización, Arriola manifestó que de las 833.420 mipymes, que representan al 95,7 % de las empresas en Paraguay, sólo 272.259  cuentan con RUC, una cifra preocupante; por lo que, según dijo, es urgente implementar incentivos fiscales diferenciados para emprendedores con foco en la formalización, así como agilizar los procesos de formalización como patentes comerciales, municipales, habilitaciones, entre otros.

La seguridad social para emprendedores es otro tema que fue planteado durante la reunión con la Dra. Lea Giménez. “Las pymes emplean al 75 % de la población económicamente activa, pero sólo el 15 % cuenta con IPS para sus colaboradores. Actualmente, 959 de los 1.046.362 trabajadores independientes aportan al régimen especial de aporte a la jubilación con un costo sumamente alto, y sin tener posibilidad de acceder a la seguridad social”, lamentó la ejecutiva.

En este sentido, Arriola recalcó la importancia de trabajar en incentivos diferenciados de aportes para la seguridad social dirigidos al sector y en la reglamentación e implementación de la Ley N° 5741, que establece un sistema especial de beneficios del sistema de seguridad social (IPS) a los microempresarios.

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Por último, en lo relacionado con la asistencia técnica, Martha mencionó que un emprendedor o trabajador independiente fracasa, en promedio, en tres emprendimientos antes de consolidar una empresa. Además, 7 de cada 10 cuentapropistas utilizan recursos de sus emprendimientos para solventar sus gastos personales.

Desde Asepy, las soluciones propuestas para esta problemática son la optimización de la oferta de la asistencia técnica en competitividad para emprendedores, a través de la articulación institucional de los diferentes entes vinculados a la capacitación de emprendedores, así como también la potenciación de los Centros de Apoyo al Emprendedor (CAE)  y el fortalecimiento institucional del Sistema Nacional de Mipymes (SINAMIPYMES).

“Esperamos que en los próximos cinco años generemos muchos de estos espacios pero, por sobre todo, queremos más resultados para que todas las personas que deseen llevar a cabo sus ideas de negocios lo hagan con más instrumentos, herramientas y mejores facilidades”, concluyó Caballero.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.